Un cambio sísmico ha sacudido los cimientos del Poder Judicial en San Luis Potosí. Una nueva Ley Orgánica, aprobada por unanimidad en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, promete transformar la administración de justicia en la entidad. Las 87 personas juzgadoras, electas por primera vez por voto popular, comenzarán a operar bajo este nuevo marco legal a partir de mañana, inaugurando una era de transparencia y modernización.

Este hito legislativo, impulsado por la diputada morenista Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, y respaldado por el Grupo Parlamentario del PVEM, ha sido calificado como un "antes y un después" en la vida institucional de San Luis Potosí. La creación del Órgano de Administración Judicial, con autonomía técnica y de gestión, y del Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar la conducta de quienes imparten justicia, son las piedras angulares de esta nueva estructura. Se busca con ello fortalecer la independencia judicial y garantizar la rendición de cuentas.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, del PVEM, destacó la modernidad del marco legal, a la altura de las expectativas sociales. Subrayó la importancia de colocar en el centro de la organización judicial principios fundamentales como la perspectiva de género, la paridad en la integración de los órganos, el uso de lenguaje incluyente y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Estos principios, según Sánchez de Lira, son la clave para una justicia más justa y equitativa.

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, de Morena, celebró el consenso alcanzado para la aprobación del Dictamen y resaltó la importancia de la paridad de género en el Poder Judicial, un logro que corrige una desigualdad histórica. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de controversia. Las diputadas del PRI abandonaron el recinto durante la votación, a pesar de que Sara Rocha Medina, también del PRI, asumirá la presidencia de la Directiva del Congreso.

La nueva Ley, estructurada en diez títulos y 167 artículos, introduce cambios significativos. El Consejo de la Judicatura se transforma en el Órgano de Administración Judicial, con tres consejerías designadas por los plenos del Poder Legislativo, Judicial y el Gobernador del Estado. Se establece un periodo de seis años para los consejeros, sin posibilidad de reelección. El Tribunal de Disciplina Judicial, por su parte, velará por la integridad, eficacia y legitimidad del Poder Judicial, investigando y resolviendo los procedimientos de responsabilidades administrativas.

La nueva Ley también incluye la supresión de los Juzgados Menores, la actualización de la Escuela y Carrera Judicial, y la incorporación de mecanismos de solución de controversias en línea con la legislación federal. Se definen las figuras de funcionarios judiciales, como jueces de Primera Instancia, secretarios de Acuerdos, secretarios Instructores, entre otros, con el fin de clarificar las responsabilidades y optimizar la gestión judicial.

En paralelo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propuso la integración de la Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura, con Sara Rocha Medina (PRI) a la cabeza. La propuesta fue aprobada con 19 votos a favor y 7 en contra, provenientes de la bancada del PAN y tres diputados de Morena. Rocha Medina presidirá el Congreso durante el nuevo periodo ordinario de sesiones, tomará protesta a las 87 personas juzgadoras y representará al Poder Legislativo en el Grito de Independencia.

Estos cambios, sin duda, marcan un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial de San Luis Potosí. Queda por ver cómo se implementarán estas reformas y cuál será su impacto real en la administración de justicia y el acceso a la misma para la ciudadanía. El tiempo será el juez de esta ambiciosa transformación.