La voracidad fiscal del Estado mexicano parece no tener límites. En un país donde la línea entre el gobierno y el crimen organizado se difumina cada vez más, la ciudadanía se ve sometida a una doble extorsión: la de los impuestos oficiales y la del "cobro de piso" de las mafias. Mientras el gobierno anuncia nuevos impuestos a productos como refrescos, cigarros, videojuegos e incluso a los ahorros, se destapan escándalos de corrupción que involucran a las propias fuerzas de seguridad del Estado operando redes de contrabando y evasión fiscal. ¿Cómo se justifica pedirle más dinero al contribuyente cuando el propio gobierno desfalca las arcas públicas y facilita la operación de los cárteles?

Esta situación genera un círculo vicioso que termina afectando a las familias mexicanas. Por un lado, el aumento de impuestos incrementa el costo de la vida, obligando a las familias a desembolsar más dinero por productos básicos. Por otro lado, la competencia desleal generada por el contrabando y la extorsión a empresas formales, como las cigarreras, termina trasladándose al precio final que paga el consumidor. El 20% del mercado de cigarros en México es ilegal, y cada aumento de impuestos solo sirve para incentivar aún más este mercado negro, fortaleciendo a los grupos criminales que se benefician de él.

La promesa de "no más impuestos" durante la campaña electoral de 2024 resonaba como un bálsamo ante la constante sangría a la que son sometidos los mexicanos. No se trataba de una concesión, sino de un acto de justicia elemental ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el correcto uso de los recursos públicos. La legitimidad del Estado para exigir el pago de impuestos se basa en el contrato social que establece la obligación del gobierno de brindar protección y servicios públicos a cambio. Cuando el Estado falla en su función primordial de proteger a sus ciudadanos, e incluso se convierte en cómplice de las mafias, se rompe ese contrato y la justificación para la recaudación impositiva se desvanece.

En lugar de seguir engordando al Estado con más impuestos, la solución pasa por adelgazarlo, reduciendo su tamaño y su margen de discrecionalidad. Un Estado más pequeño y eficiente, con menos burocracia y menos oportunidades para la corrupción, es la mejor garantía para que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de la ciudadanía. Es necesario un cambio de paradigma que priorice la inversión en seguridad, el combate a la corrupción y la generación de un ambiente propicio para el desarrollo económico, en lugar de seguir asfixiando a las familias mexicanas con una carga fiscal insostenible. ¿Hasta cuándo seguiremos alimentando la bestia de la corrupción con el dinero de nuestro trabajo? La respuesta está en manos de la sociedad civil, que debe exigir un cambio de rumbo antes de que sea demasiado tarde. No se trata solo de una cuestión económica, sino de la supervivencia misma de la democracia.