La democracia, un concepto que resuena con la promesa de la participación ciudadana y la elección de representantes, ha recorrido un largo y complejo camino desde sus orígenes en la antigua Grecia. Si bien la imagen clásica evoca a los ciudadanos atenienses debatiendo en el ágora, es crucial recordar que esta democracia primigenia era un privilegio reservado a una élite, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros. Un sistema que, aunque innovador para su época, distaba mucho de la concepción inclusiva que hoy defendemos.

La Revolución Francesa, con su proclama de libertad, igualdad y fraternidad, marcó un punto de inflexión en la historia de la democracia. La soberanía, antes concentrada en manos de monarcas y aristócratas, pasó a residir en el "pueblo". Sin embargo, este concepto, aparentemente sencillo, se presta a múltiples interpretaciones. ¿Quién compone el pueblo? ¿Cómo se expresa su voluntad? La historia nos muestra que la respuesta a estas preguntas no siempre ha sido justa o equitativa.

El surgimiento del sistema representativo y la consolidación del voto mayoritario, pilares fundamentales de la democracia moderna, trajeron consigo nuevos desafíos. La idea de que la voluntad de la mayoría debe prevalecer, aunque esencial en un sistema democrático, puede ser un arma de doble filo. El siglo XX nos ofrece ejemplos trágicos de cómo líderes autoritarios como Mussolini, Hitler y Stalin manipularon a las mayorías para justificar atrocidades. Estos oscuros episodios nos enseñan una lección crucial: las mayorías también pueden equivocarse, y la democracia, para ser genuina, debe estar sujeta a límites y controles que protejan los derechos de todos, incluyendo a las minorías.

Los derechos humanos emergen como un baluarte contra los excesos del poder, ya sea ejercido por una minoría o por una mayoría. Constituyen un conjunto de principios y garantías que protegen la dignidad inherente a cada persona, independientemente de su origen, raza, género, ideología o cualquier otra condición. La democracia, en su forma más plena, no puede limitarse al acto electoral, sino que debe estar imbricada con el respeto y la promoción de estos derechos fundamentales.

La evolución de la democracia constitucional en Europa, con su énfasis en los derechos fundamentales y el control judicial del poder, representa un avance significativo en la búsqueda de un sistema político más justo y equitativo. Sin embargo, cada país ha recorrido su propio camino. En México, por ejemplo, la historia del siglo XX estuvo marcada por la hegemonía de un partido político y un fuerte presidencialismo, que en ocasiones se tradujo en un ejercicio autoritario del poder.

La inclusión de los derechos humanos en la Constitución mexicana en 2011 marcó un hito en la transición hacia un sistema democrático más sólido. No obstante, el sistema político mexicano aún enfrenta desafíos. El presidencialismo sigue siendo una característica central, y en los últimos años se ha observado un creciente énfasis en la legitimidad derivada del sufragio popular y el protagonismo de la mayoría política.

Ante la posibilidad de una reforma política-electoral, es fundamental no olvidar las lecciones de la historia. La democracia no se reduce a la voluntad de la mayoría. Es esencial garantizar la protección de los derechos de todos, incluyendo a las minorías, y promover un sistema de contrapesos que limite el poder y evite su concentración excesiva. Solo así podremos construir una democracia verdaderamente inclusiva y respetuosa de la dignidad de cada persona.