El poder adquisitivo de los mexicanos, un tema central en el debate público, se encuentra en el corazón del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su reciente informe de gobierno, pronunciado desde Hidalgo, resonó con fuerza al abordar la proyección de un salario mínimo capaz de cubrir 2.7 canastas básicas para el año 2030. Esta cifra, ambiciosa sin duda, representa un avance significativo comparado con la cobertura actual de 1.7 canastas. Imaginemos el impacto en la vida de millones de familias: acceso a una alimentación más completa, la posibilidad de invertir en educación, salud y esparcimiento, un futuro con mayor tranquilidad financiera.

El contraste con el pasado neoliberal, marcado por 36 años de estancamiento salarial, es inevitable. Sheinbaum Pardo no escatimó en críticas a las políticas que, según sus palabras, mantuvieron al pueblo en la pobreza para beneficio de unos pocos. Recordó los argumentos utilizados en aquel entonces para justificar la contención salarial: el fantasma de la inflación, la amenaza de una fuga de inversión extranjera. Argumentos que, a la luz de los resultados actuales, se desmoronan.

El aumento del salario mínimo en un 135% en términos reales entre 2018 y 2025, acompañado de una inflación controlada y una inversión extranjera directa sin precedentes, desmiente las predicciones catastróficas del pasado. Este logro, según la presidenta, es una prueba irrefutable de que un modelo económico más justo y equitativo es posible. Un modelo que prioriza el bienestar de la mayoría, que impulsa el crecimiento económico desde la base de la pirámide social.

La promesa de continuar incrementando el salario mínimo no es solo una medida económica, es una declaración de principios. Representa la apuesta por un México donde el trabajo digno sea la norma, donde las familias puedan acceder a una vida plena y digna. Este compromiso, sin embargo, no está exento de desafíos. Mantener el equilibrio entre el aumento salarial y la estabilidad económica requerirá una gestión cuidadosa y políticas públicas integrales.

El camino hacia un salario mínimo que cubra 2.7 canastas básicas para 2030 es un reto ambicioso, pero alcanzable. Requiere la participación de todos los actores: gobierno, sector privado y sociedad civil. Es una tarea colectiva que implica la construcción de un nuevo modelo económico, un modelo que coloque al ser humano en el centro, que promueva la justicia social y que garantice un futuro próspero para todos los mexicanos. La pregunta que queda en el aire es: ¿será suficiente para alcanzar una verdadera justicia social? El debate está abierto, y el futuro del país depende de las decisiones que se tomen hoy. La lucha por un salario digno es la lucha por un México más justo, y la historia nos demuestra que las grandes transformaciones son posibles cuando la voluntad política se une a la demanda social.