La justicia en México se tambalea. No es una exageración, ni una crítica alarmista de la oposición. Es la cruda realidad que se despliega ante nuestros ojos, en las salas de audiencias, en las sentencias publicadas y en los despachos judiciales. El sistema del "acordeón", ese mecanismo que ha permitido la elección de jueces, magistrados y ministros, nos ha legado un panorama desolador: la incompetencia rampante en el seno del Poder Judicial.

A menos de dos semanas de haber asumido sus cargos, los errores garrafales de algunos jueces ya son virales. Pifias jurídicas que no requieren de un título en Derecho para ser identificadas; errores tan básicos que cuestionan la formación y la capacidad de quienes hoy detentan la responsabilidad de impartir justicia. No se esperaba una maestría instantánea, pero sí un mínimo de preparación, una base sólida sobre la cual construir su labor. Los talleres intensivos, si es que los hubo, parecen haber sido en vano. La falta de formación jurisdiccional rigurosa, la ausencia de acompañamiento técnico, se hacen evidentes en cada decisión cuestionable, en cada procedimiento erróneo.

El desmantelamiento del sistema previo, con despidos masivos de personal experimentado –secretarios, proyectistas, notificadores–, no ha sido acompañado de una transición eficaz. La recontratación de algunos de estos funcionarios, sin respetar su antigüedad ni sus derechos laborales, solo añade otra capa de caos a la ya precaria situación. Los nuevos equipos, que nos cuestan una fortuna, se muestran improvisados, desorientados, incapaces de desenvolverse en la complejidad del sistema judicial. No saben lo que hacen y, lo que es peor, no parecen tener la humildad para reconocerlo y buscar ayuda.

La incompetencia no es un rumor de pasillo; es una realidad operativa que se manifiesta en audiencias surrealistas, donde jueces confiesan su ignorancia con frases como "no sé, tú dime", o dictan sentencias sin que las partes hayan siquiera concluido sus alegatos. El proceso judicial, con sus reglas, sus pruebas y sus motivaciones legales, se convierte en un accesorio, un mero formalismo ante el espectáculo de la improvisación y el desconocimiento. El Estado de Derecho se resiente, las leyes se convierten en letra muerta, y la justicia se transforma en una parodia grotesca.

El caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, es un ejemplo paradigmático. La suspensión provisional de su orden de aprehensión, otorgada por un juez recién llegado, con argumentos técnicos cuestionables, deja al descubierto las deficiencias de un sistema que falla en la selección, la formación, la supervisión y la rendición de cuentas de sus operadores. Una promesa incumplida, la de una justicia imparcial y eficiente, se desvanece ante la evidencia de un sistema permeado por la influencia y la falta de rigor.

Recordemos que este sistema, con sus boletas múltiples y su opacidad, fue aprobado como parte de la reforma judicial. Un proceso inédito, con más de 800 cargos federales electos, marcado por la baja participación ciudadana (apenas un 12-13%), que desde su origen sembró dudas sobre su legitimidad y su capacidad de control.

La crisis actual pone en evidencia vacíos cruciales: la falta de formación técnica especializada, la ausencia de mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, la opacidad en el acceso a la información y la precariedad de la infraestructura institucional que debería respaldar la labor de los nuevos jueces.

Mientras tanto, el ministro presidente de la SCJN exhibe su parcialidad en redes sociales, comprometiendo la objetividad e independencia que se espera del máximo órgano judicial. El panorama es desolador: un aparato de justicia en ruinas, un Estado de Derecho debilitado, y una ciudadanía que observa con incredulidad el desmoronamiento de uno de los pilares fundamentales de la democracia. ¿Qué futuro nos espera si la justicia se convierte en un juego de improvisación y arbitrariedad? La pregunta queda abierta, mientras el espectáculo del horror jurídico continúa.