La industria de vehículos pesados en México se encuentra en una encrucijada. La caída en las cifras de agosto, comparadas con el mismo periodo del año anterior, no solo refleja la volatilidad del mercado internacional, sino también problemas internos que lastran su desarrollo. La ANPACT, con la voz de Rodrigo Arzate, ha lanzado una seria advertencia: si no se controla la importación de unidades obsoletas y se impulsa la modernización de la flota, México corre el riesgo de perder su posición como potencia exportadora en la región. No se trata de un simple bache en el camino, sino de una amenaza real a la competitividad del sector.

La respuesta del gobierno, con el aumento arancelario del 50% a la importación de vehículos pesados chinos, anunciado por Marcelo Ebrard, es un primer paso importante. Este incremento, que busca frenar la entrada masiva de unidades de bajo costo, se justifica ante el crecimiento exponencial de las exportaciones chinas a México, que pasaron de 71 unidades en 2018 a 1,736 en 2023, un asombroso aumento del 2,345%. Sin embargo, esta medida, por sí sola, no es suficiente. Su efectividad dependerá de una implementación ágil y coordinada con otras reformas, como la regulación de la importación de vehículos usados. De lo contrario, la industria nacional seguirá perdiendo terreno frente a competidores que operan con prácticas desleales.

La ANPACT ha sido clara: la importación indiscriminada de "vehículos chatarra" no solo perjudica a los productores locales, sino que también socava la innovación y la competitividad del sector. Más allá de un simple proteccionismo, la industria busca un mercado equilibrado, con reglas claras y un campo de juego nivelado que fomente la innovación.

La problemática va más allá de lo económico. Los vehículos pesados obsoletos representan un peligro en las carreteras, con una tasa de fallos mecánicos hasta tres veces superior a la de los modelos modernos, provocando accidentes y pérdidas logísticas casi a diario. Además, agravan la contaminación, un factor crítico en un país donde el transporte de carga genera el 20.7% de las emisiones totales de CO2.

La renovación de la flota no es un capricho, sino una necesidad estratégica. Reemplazar las unidades antiguas por modelos más eficientes podría reducir las emisiones contaminantes hasta en un 80%, según estimaciones del sector basadas en la implementación de normativas similares a la EURO VI. Esta modernización no solo alinearía a México con los estándares internacionales de sostenibilidad, sino que también optimizaría la logística, reduciendo el consumo de combustible y contribuyendo a una movilidad más verde y sustentable.

En otro frente, la CAAAREM, liderada por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, ha expresado su respaldo a Claudia Sheinbaum en relación a la Reforma a la Ley Aduanera. En un momento en que el sector aduanero se encuentra bajo escrutinio, particularmente por el tema del huachicol fiscal, la CAAAREM se posiciona como un aliado estratégico del gobierno, recordando que más del 80% del PIB mexicano depende del comercio exterior.

El énfasis en la autorregulación y la promesa de sanciones ejemplares contra las malas prácticas demuestran la voluntad del gremio por proteger su reputación y consolidar su rol en la competitividad del país. La CAAAREM busca ser parte de la solución, no del problema, enviando un mensaje claro tanto al gobierno como a sus propios miembros.

Finalmente, el aumento previsto del IEPS a refrescos y bebidas saborizadas, incluso las sin calorías, para 2026, genera preocupación en diversos sectores. Si bien la medida, implementada en 2014 para combatir problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de azúcar, tiene una justificación, la Secretaría de Hacienda, bajo la dirección de Édgar Amador Zamora, debe considerar que, según la OPS, el aumento de precios puede llevar a la sustitución por otros productos, limitando los beneficios para la salud. Además, la iniciativa podría frenar la innovación en bebidas bajas en calorías y afectar a los 400 mil pequeños comercios donde estos productos representan hasta el 30% de sus ventas. Es crucial realizar evaluaciones tributarias exhaustivas antes de implementar esta medida.

En el IMSS-Bienestar, la presencia de José Juan Reyes Dominguez y José Juan Reyes Mote, presuntamente vinculados a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, una empresa acusada de irregularidades en la afiliación al IMSS de sus trabajadores, levanta sospechas. Su visita a las instalaciones del Instituto, al parecer para presionar a Cristian Lilian García Romero, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, para evitar sanciones, pone de manifiesto la necesidad de que Alejandro Svarch actúe con firmeza contra estas prácticas abusivas. Los trabajadores son los principales afectados en esta situación, y su bienestar debe ser la prioridad.