La situación económica de México se presenta como un escenario complejo y contradictorio. Por un lado, nos encontramos con un presupuesto billonario, de una magnitud nunca antes vista, que en teoría debería impulsar el desarrollo y el bienestar. Sin embargo, este gigantesco presupuesto viene acompañado de un déficit alarmante, cercano a los seis puntos del PIB, lo que plantea serias dudas sobre su eficacia real y su sostenibilidad a largo plazo.

El gobierno, en su afán de justificar este desequilibrio, recurre a la ya conocida estrategia de culpar a las administraciones anteriores. Se argumenta que la debacle de Petróleos Mexicanos (PEMEX), uno de los principales factores que contribuyen al déficit, es herencia de gobiernos pasados. Si bien es cierto que PEMEX arrastra problemas históricos de endeudamiento y mala gestión, lo cierto es que la actual administración, en lugar de resolver la crisis, la ha agravado hasta niveles insostenibles.

El déficit, sin embargo, no se limita al desastre petrolero. Forma parte de una estrategia más amplia de redistribución de recursos, donde se privilegian ciertas áreas en detrimento de otras. El discurso oficial se centra en la idea de que los recursos que antes se "robaban" ahora llegan directamente a los más pobres. Si bien es posible que se hayan logrado avances en la lucha contra la pobreza, al menos en términos estadísticos, la realidad es que el país en su conjunto se ha empobrecido.

Las alzas salariales, combinadas con las dádivas que se interpretan como una estrategia para la compra de votos, han generado un desvío de recursos de áreas cruciales para el desarrollo del país, como la seguridad, la infraestructura, la salud y la educación. El resultado es un deterioro generalizado de los servicios públicos: carreteras en mal estado, hospitales que se ven obligados a cerrar por falta de recursos, infraestructura en decadencia, como lo demuestran los constantes problemas en el Seguro Social o los descarrilamientos del Tren Maya, y ciudades vulnerables a inundaciones por falta de inversión en obras de prevención.

La propaganda oficial intenta maquillar la realidad, pero las cifras de crecimiento económico, ridículamente bajas, no mienten. Alcanzar un raquítico uno por ciento del PIB no puede considerarse un logro, sino un síntoma de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Ante esta situación, la respuesta del gobierno no es buscar soluciones reales, sino cambiar los indicadores. Se propone dejar de lado los "instrumentos neoliberales" para medir el crecimiento y el desarrollo, una estrategia que no resuelve el problema de fondo, sino que simplemente lo oculta.

En el ámbito internacional, la situación no es más alentadora. Presionado por Estados Unidos, México ha adoptado políticas arancelarias similares a las de la era Trump, imponiendo, por ejemplo, aranceles del 50% a las importaciones de vehículos ligeros, calzado, textiles y metales provenientes de China. Esta medida, lejos de proteger la industria nacional, como se podría argumentar, parece más bien un intento de congraciarse con Estados Unidos en el contexto de las renegociaciones del T-MEC y el fin de la pausa arancelaria. No se trata de una estrategia de desarrollo a largo plazo, sino de una medida coyuntural que nos coloca en una posición vulnerable en el escenario del comercio internacional, como un pequeño luchador en un ring de gigantes. Nos convertimos en Alushe o Kemonito en una pelea de pesos pesados, sin la capacidad real de competir en igualdad de condiciones. La pregunta que queda en el aire es: ¿a qué costo nos subimos a ese ring? ¿Vale la pena sacrificar nuestro desarrollo económico a largo plazo por una ganancia a corto plazo y la aprobación de una potencia extranjera?