La histórica reforma al Artículo 2° Constitucional no es simplemente una modificación legal, sino la culminación de años de lucha y el inicio de una nueva era para los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Reconocerlos como sujetos de derecho público con patrimonio propio implica un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y estas comunidades, dejando atrás un modelo de asimilación para dar paso a uno de reconocimiento y respeto a su autonomía, su cultura y sus formas propias de organización. Imaginen la trascendencia de este paso: por fin, se reconoce la preexistencia de estas culturas, su derecho a la autodeterminación y a la gestión de sus propios recursos. Este reconocimiento, sin precedentes en América Latina, consolida a México como un referente en la defensa de los derechos indígenas y afromexicanos, inspirando a otros países de la región a seguir su ejemplo.

La creación del INPI en 2028, bajo el amparo de la Cuarta Transformación, no fue un acto fortuito, sino una respuesta a la necesidad de contar con una institución dedicada exclusivamente a atender las demandas y promover el desarrollo de estos pueblos. El INPI, con la Declaración de la ONU y la Declaración Americana como pilares fundamentales, se erige como un puente entre el Estado y las comunidades, facilitando el diálogo, la consulta y la implementación de políticas públicas con pertinencia cultural. Más allá de una institución gubernamental, el INPI representa un compromiso con la justicia social y la construcción de un México más inclusivo y equitativo.

Los Planes de Justicia, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentan como la herramienta clave para llevar a la práctica la reforma constitucional. No se trata solo de reconocer derechos en el papel, sino de materializarlos en acciones concretas que transformen la vida de las comunidades. La transferencia directa de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la construcción de caminos artesanales y otros proyectos de desarrollo con enfoque comunitario son ejemplos tangibles de cómo se está trabajando para cerrar las brechas históricas de desigualdad.

La futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, actualmente en proceso de consulta, será la pieza legislativa que consolide todos estos avances. Se trata de un código integral que detallará cada uno de los derechos reconocidos en la Constitución y en las declaraciones internacionales, garantizando su aplicación efectiva en todo el territorio nacional. Este proceso de consulta, abierto y participativo, es una muestra del compromiso del gobierno con la construcción de un marco jurídico desde abajo, con la voz y la participación activa de las propias comunidades.

La política exterior feminista, humanista e incluyente del gobierno mexicano se refleja también en su compromiso con los derechos de los pueblos indígenas. La participación activa en foros internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN) demuestra la voluntad de México de colaborar con otros países y organismos internacionales para promover la protección y el respeto de estos derechos a nivel regional.

Este es un momento histórico para México. Un momento de transformación profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado, a celebrar nuestros logros y a seguir trabajando juntos para construir un futuro donde la diversidad cultural sea fuente de riqueza y fortaleza para todos. El camino hacia la plena igualdad aún es largo, pero con la voluntad política, la participación comunitaria y el compromiso de todos los actores involucrados, podemos seguir avanzando hacia un México más justo e inclusivo para los pueblos indígenas y afromexicanos.