La reciente sentencia que declara inconstitucional un artículo clave de la Ley de Turismo de la CDMX ha abierto una brecha en la controvertida reforma. Este fallo, a favor de los anfitriones de plataformas como Airbnb y Booking, cuestiona la idoneidad de la medida legislativa que limita el registro de múltiples propiedades en dichas plataformas. Si bien la mayoría de los juzgados se abstuvieron de pronunciarse argumentando la falta de habilitación del portal de la Secretaría de Turismo, este Tribunal Colegiado consideró que la afectación a los anfitriones es inmediata, independientemente del estado del portal. Este precedente sienta las bases para futuros litigios y genera incertidumbre sobre la validez del andamiaje legal construido alrededor de la reforma. Habrá que observar cómo se pronuncian otros tribunales ante la avalancha de demandas que se prevén, y si esta primera grieta se convierte en una fractura definitiva de la normativa. ¿Será este el inicio del fin de la reforma o logrará el gobierno capitalino sostenerla? El debate está abierto y las implicaciones para el sector turístico son significativas.

Mientras tanto, la polémica en torno a la responsabilidad de los motores de búsqueda en la difusión de contenido ilícito continúa. La réplica del abogado Ulrich Richter a la nota publicada el miércoles, niega la existencia de un proyecto de resolución a favor de Google y reafirma la responsabilidad del gigante tecnológico por no retirar el contenido ilegal del blog en cuestión. Richter argumenta que Google perdió el beneficio de “puerto seguro” al tener conocimiento del ilícito y mantenerlo visible. Además, sostiene que el contenido del blog no califica como información amparada por los artículos sexto y séptimo constitucionales, y que los precedentes de la Corte favorecen la dignidad de las personas por encima de la libertad de expresión en este caso. La discusión sobre la delgada línea entre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas digitales sigue en el centro del debate. ¿Hasta dónde llega la obligación de los buscadores de controlar la información que indexan? ¿Y cómo se equilibra este control con el derecho fundamental a la información? El caso Richter vs. Google sentará un precedente crucial en esta materia.

En el ámbito político, el senador Gerardo Fernández Noroña se encuentra en el ojo del huracán. Mientras pregona su honestidad, las acusaciones sobre sus presuntos tratos con el anterior gobierno de la CDMX resurgen. Se le acusa de solicitar el pago de tenencias y verificaciones a través de intermediarios. Estas acusaciones, sumadas a su estilo confrontativo y su retórica incendiaria, ponen en tela de juicio su credibilidad y alimentan la controversia en torno a su figura. ¿Logrará Noroña desmentir estas acusaciones y convencer a la opinión pública de su honestidad? El tiempo lo dirá.

Finalmente, el caso de la red de marinos involucrados en el huachicol fiscal sigue revelando nuevas aristas. La información sobre los hermanos Farías Laguna, señala que los datos no forman parte de la carpeta de investigación judicializada, sino de indagatorias internas de la Secretaría de Marina. Esto plantea interrogantes sobre el alcance de la investigación y la posible implicación de otros actores. La lucha contra el huachicol fiscal se convierte en una prueba de fuego para las instituciones y la transparencia en el manejo de la información será clave para garantizar la justicia y la rendición de cuentas. ¿Se llegará al fondo de este caso y se desmantelará por completo la red de corrupción? La sociedad exige respuestas.