La promesa de no aumentar impuestos se desvanece como humo en el aire. Resulta que el discurso de la austeridad y la responsabilidad fiscal era solo eso, un discurso. La realidad que nos golpea en el rostro con la fuerza de un martillo neumático es otra: un aumento indiscriminado de impuestos que afectará a todos, desde el consumidor promedio hasta las grandes empresas. El gobierno, con la mano extendida, busca ahora en nuestros bolsillos el dinero que, según ellos, necesita para sostener sus promesas. ¿Y dónde quedó la eficiencia en el gasto público? ¿Dónde la tan cacareada lucha contra la corrupción que, supuestamente, liberaría recursos para el desarrollo social? La respuesta es un silencio ensordecedor.

Este nuevo paquete económico, lejos de ser un bálsamo para la economía nacional, se asemeja más a un torniquete que aprieta cada vez más fuerte, asfixiando las posibilidades de crecimiento y desarrollo. El aumento al impuesto de refrescos y bebidas saborizadas, disfrazado bajo el manto de la salud pública, es un golpe directo al bolsillo de las familias mexicanas. Lo mismo ocurre con el incremento en el impuesto al tabaco y las apuestas. Se nos dice que es por nuestro bien, pero ¿acaso no es también una forma fácil de recaudar fondos sin tener que rendir cuentas sobre su uso? La ironía es palpable: se recorta el presupuesto a la salud, mientras se aumentan los impuestos bajo el pretexto de protegerla. Es un juego de manos que deja al descubierto la verdadera intención: rellenar las arcas del gobierno a costa del bienestar ciudadano.

Y la innovación, ese motor del progreso, también recibe su dosis de castigo. El nuevo impuesto a los videojuegos con "contenido violento" es un ejemplo de la arbitrariedad con la que se manejan las finanzas públicas. ¿Quién define qué es violento? ¿Bajo qué criterios se aplicará este impuesto? La ambigüedad del lenguaje abre la puerta a la interpretación subjetiva y, por lo tanto, a la posibilidad de abusos. Es un impuesto que castiga la creatividad y la industria del entretenimiento digital sin una justificación clara y concisa.

Las contradicciones son el pan de cada día en este nuevo escenario económico. Se habla de austeridad mientras se aumenta el presupuesto al Poder Judicial, una institución que, según el discurso oficial, debía ser ejemplo de eficiencia y ahorro. La incongruencia es tan evidente que resulta insultante. Se pide austeridad al pueblo mientras se otorgan aumentos millonarios a instituciones que, en muchos casos, no han demostrado ser merecedoras de tal privilegio.

La deuda pública, esa espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas, crece a un ritmo alarmante. El gobierno actual, que prometió un manejo responsable de las finanzas públicas, nos ha llevado a un nivel de endeudamiento sin precedentes. El legado que dejarán a las futuras generaciones será una pesada carga que limitará sus posibilidades de desarrollo y progreso.

El dinero se agota, la deuda se acumula y la confianza se evapora. El futuro económico del país se pinta sombrío, mientras el gobierno se aferra a un discurso que ya nadie cree. La realidad es tozuda y los números no mienten. El aumento de impuestos no es una solución, sino un parche que oculta una herida profunda: la incapacidad de gestionar los recursos públicos con eficiencia y transparencia. Es hora de exigir cuentas, de cuestionar las decisiones que nos afectan y de buscar soluciones que beneficien a todos, no solo a unos cuantos. El silencio cómplice solo perpetúa el ciclo vicioso de la mala gestión y la irresponsabilidad fiscal.