La sombra de la tragedia se cierne nuevamente sobre los hermanos Zaragoza, dueños de los imperios gaseros Tomza y Zeta. La explosión de la pipa de Silza, filial de Tomza, en el oriente de la Ciudad de México, no es un simple accidente, sino el último eslabón de una larga cadena de negligencias e irregularidades que han marcado la trayectoria de estos empresarios. Ocho vidas apagadas, decenas de heridos y una ciudad con cicatrices imborrables son el precio de la ambición desmedida y la impunidad. ¿Cómo es posible que una empresa que opera con omisiones documentadas y sin pólizas de seguro vigentes, tenga la licencia para transportar un material tan peligroso? La respuesta, lamentablemente, se encuentra en los oscuros pasillos del poder, donde los favores políticos y los negocios turbios se tejen a costa del bienestar de la ciudadanía.

Desde los tiempos de Calderón y Peña Nieto, el nombre de Tomás Zaragoza ha resonado en los círculos del poder. Su cercanía con figuras clave como Juan Camilo Mouriño y Emilio Lozoya les permitió acceder a contratos multimillonarios y consolidar su imperio gasero. La reforma energética, lejos de traer beneficios para el país, se convirtió en el trampolín para la expansión de estos magnates, quienes extendieron sus tentáculos por toda Centroamérica, construyendo un monopolio del gas LP en países como Guatemala y El Salvador. Las denuncias por tráfico de influencias y complicidad con militares se acumulan, mientras los ciudadanos pagan el precio de un mercado controlado por unos pocos.

Pero la historia de los Zaragoza no se limita a los negocios turbios y la corrupción. Su vida privada también está plagada de escándalos y controversias. El divorcio de Miguel Zaragoza de su esposa Evangelina López Guzmán, tras descubrirse su doble vida con una empleada, destapó una trama de infidelidad, transferencias millonarias y desamparo familiar. La batalla legal continúa, empañada por acusaciones de protección política y la sombra de prominentes figuras del PAN, que parecen interponerse en el camino de la justicia. Recientemente, incluso se han mencionado vínculos con el morenista Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, lo que amplía aún más la red de influencias y complicidades que rodea a esta familia.

La tragedia del Distribuidor La Concordia no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de un sistema que permite que la ambición y la impunidad se impongan sobre la seguridad y el bienestar de la población. Los Zaragoza, amparados en su poder económico y político, han construido un imperio sobre cimientos de irregularidades y tragedias. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que estos personajes operen al margen de la ley? ¿Cuántas vidas más deberán sacrificarse en el altar de la corrupción? La respuesta, como siempre, está en manos de la sociedad y su capacidad para exigir justicia y rendición de cuentas. El caso de los Zaragoza es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción no es una opción, sino una necesidad imperante para construir un país más justo y seguro.

Mientras tanto, en otros rincones del poder, el huachicol sigue siendo una herida abierta que desangra al país. Funcionarios de alto nivel confirman la gravedad del problema y anticipan nuevas órdenes de aprehensión contra quienes participan en este sucio negocio. Nombres como el de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y socio mayoritario de la empresa Ingemar, resuenan con fuerza en las investigaciones. La telaraña de la corrupción se extiende por todos los niveles del poder, recordándonos la necesidad de una profunda transformación del sistema. El caso de José Marcos García Nieto, sobrino de Manuel Bartlett, que intentó aprovechar su influencia familiar para obtener contratos con el gobierno, es otro ejemplo de cómo se abusa del poder para beneficio personal. Afortunadamente, en este caso, las autoridades parecen haber tomado medidas para frenar sus prácticas abusivas. Sin embargo, la lucha contra la corrupción es una tarea constante que requiere la vigilancia y participación de todos.