El debate sobre la eutanasia en México ha vuelto a la palestra pública tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria capitalina ha subrayado la necesidad de un diálogo nacional que recoja las diversas posturas existentes, un tema que, sin duda, despierta pasiones y confronta convicciones morales, éticas y religiosas profundamente arraigadas en la sociedad. Sheinbaum Pardo, aludiendo a la Ley de Voluntad Anticipada vigente en la Ciudad de México desde 2008, ha puesto el foco en la importancia de la autodeterminación del individuo frente a situaciones límite de salud. Esta ley, pionera en su momento, reconoce el derecho a una "muerte digna", permitiendo a las personas decidir sobre los tratamientos médicos que desean recibir, o no, en la etapa final de sus vidas.

Sin embargo, la presidenta ha hecho una distinción crucial: mientras en la capital del país se contempla la eutanasia pasiva – la renuncia a tratamientos que prolonguen la vida artificialmente–, la eutanasia activa – la intervención directa para provocar la muerte del paciente con el fin de aliviar su sufrimiento– sigue siendo un terreno vedado por la legislación. Este punto es precisamente el que genera mayor controversia, planteando interrogantes sobre los límites de la autonomía individual, la responsabilidad médica y el valor intrínseco de la vida humana.

El llamado al debate formulado por Sheinbaum Pardo no se limita a un simple intercambio de opiniones. Se trata, en esencia, de una invitación a la reflexión profunda sobre un tema complejo y multifacético. La búsqueda de un consenso, en un tema tan sensible, requiere la escucha atenta y respetuosa de todas las voces, desde los defensores del derecho a decidir sobre el final de la propia vida hasta aquellos que lo consideran moralmente inaceptable. La presidenta, consciente de la delicadeza del asunto, ha instado a la prudencia y al respeto en el diálogo, buscando un punto de encuentro que permita avanzar hacia una regulación que proteja tanto la dignidad del paciente como los principios éticos que rigen la práctica médica.

Es importante destacar que este debate trasciende las fronteras de la Ciudad de México. La experiencia de la capital, con su Ley de Voluntad Anticipada, puede servir como punto de partida para una discusión nacional que conduzca a la creación de un marco legal uniforme en todo el país. Un marco legal que, además de establecer claramente los límites de la eutanasia, garantice el acceso a cuidados paliativos de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica.

La transformación del país, mencionada por la presidenta, no solo se refiere a la mejora de las condiciones materiales de vida, sino también a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde se respeten los derechos fundamentales de todos los individuos, incluyendo el derecho a una muerte digna.

En este contexto, el debate sobre la eutanasia se presenta como una oportunidad para profundizar en la democracia participativa, promoviendo un diálogo informado y plural que contribuya a la construcción de un México más humano y solidario. La voz de los expertos, de los profesionales de la salud, de los pacientes y de la sociedad civil en su conjunto será fundamental para alcanzar un consenso que refleje los valores y principios éticos que guían nuestra convivencia. El futuro de la legislación sobre la eutanasia en México dependerá, en gran medida, de la capacidad de diálogo y de la voluntad de encontrar soluciones que respeten la dignidad y la autonomía de todas las personas.