En medio de una tormenta política, azotada por escándalos que revelan los excesos y abusos de la clase gobernante, se presenta el paquete económico 2026. Este documento, que define el rumbo económico del sexenio de Claudia Sheinbaum, nos obliga a un análisis profundo, a una mirada crítica que no se deje seducir por discursos fáciles ni por cifras maquilladas. Los datos, fríos e implacables, nos muestran una realidad preocupante, una realidad que exige responsabilidad y compromiso por parte de quienes manejan el dinero de todos los mexicanos.

Tres puntos críticos saltan a la vista en este paquete económico: un incremento alarmante de la deuda pública, recursos insuficientes para combatir la creciente inseguridad y, una vez más, el preocupante rezago en el sector salud. Estos no son simples tecnicismos económicos, son temas que impactan directamente en la vida de las personas, en su futuro, en su bienestar. La deuda, esa hipoteca que compromete a las futuras generaciones, alcanza cifras históricas, casi 20 billones de pesos, con intereses que superan los 1.3 billones. Y lo más grave, la mayor parte de estos recursos no se destinan a la inversión productiva, al desarrollo del país, sino a programas asistencialistas que, si bien pueden tener un impacto a corto plazo, no resuelven los problemas de fondo.

La estrategia de medición de la pobreza, implementada por el oficialismo, ha servido para blindar su popularidad y silenciar a la oposición, temerosa de ser acusada de ir en contra del pueblo. Sin embargo, estos programas sociales, sin indicadores claros de medición, se han convertido en un instrumento perverso de clientelismo político, más enfocado en la captación de votos que en el desarrollo y progreso real de la población. El gobierno, en su afán por mantener sus clientelas electorales, prioriza el gasto asistencialista sobre la inversión productiva, cancelando así oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones.

El costo de la deuda representa un porcentaje alarmante del gasto total y del PIB, superando por mucho los presupuestos destinados a sectores cruciales como la educación y la salud. En este escenario, hablar de atender sectores estratégicos o prever riesgos futuros parece una utopía. El sector salud, uno de los más golpeados durante el sexenio anterior, continúa en la misma línea de abandono. Millones de mexicanos carecen de servicios de salud oportunos y dignos, mientras los hospitales se deterioran, con elevadores sin funcionar, quirófanos inundados y largas filas de pacientes esperando una atención que muchas veces no llega. ¿Cuántas tragedias más tendremos que presenciar para que el gobierno comprenda la importancia de invertir en salud?

El presupuesto asignado a la salud está muy lejos de los parámetros internacionales recomendados por la OMS. Esta insuficiencia perpetúa las carencias sociales y condena a millones de mexicanos a una vida precaria. A esto se suman los recortes significativos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un país donde la violencia y la inseguridad se han convertido en una constante. Instituciones clave para la seguridad nacional se encuentran en una profunda crisis, mientras los grupos criminales operan con impunidad.

Los escándalos que involucran a altos funcionarios del gobierno anterior, revelan la verdadera cara de una transformación que solo ha servido para perpetuar la impunidad. Ya no basta con presumir la disminución de los homicidios, cuando las desapariciones y otros delitos siguen en aumento.

El paquete económico 2026 es una muestra de que el segundo piso de la transformación se construye sobre los escombros del presente, a costa del bienestar de los mexicanos. No podemos permitir que las pequeñas luces del asistencialismo nos cieguen ante las enormes sombras de la deuda, la inseguridad y el abandono de la salud. Necesitamos un análisis crítico, una postura firme y una exigencia clara: un presupuesto que priorice el desarrollo, la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos.