Un nuevo capítulo se abre en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un escenario cargado de expectativas, los nuevos ministros se preparan para su primer debate público, un evento que promete marcar un hito en la defensa de los derechos humanos en México. El Salón de Plenos, testigo silencioso de innumerables deliberaciones trascendentales, será el escenario donde se discutirá una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra leyes del estado de Chihuahua. La atención se centra en la Ley de Salud Mental de dicha entidad, y la lupa está puesta sobre el proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La propuesta de la ministra Esquivel Mossa resuena con fuerza en los pasillos de la Corte: declarar la invalidez de la Ley de Salud Mental de Chihuahua por una omisión crucial, la falta de consulta a las personas con discapacidad. Este punto, aparentemente técnico, se convierte en la piedra angular de un debate que trasciende las fronteras legales y se adentra en el corazón mismo de la dignidad humana. ¿Puede una ley que pretende proteger la salud mental ignorar las voces de quienes viven con discapacidad? La ministra Esquivel Mossa argumenta que no, y su proyecto de sentencia se convierte en un alegato en favor de la inclusión y la participación.

El documento, disponible para consulta pública – un gesto de transparencia que marca la diferencia con la anterior Corte –, desgrana los argumentos con precisión quirúrgica. La consulta, se afirma, no es un mero trámite burocrático, sino un pilar fundamental para el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad. Es a través de la consulta que estas personas pueden determinar cuál es la forma ideal de salvaguardar su salud mental y garantizar sus derechos. No se trata de paternalismo, sino de empoderamiento. No se trata de suponer lo que necesitan, sino de escuchar lo que tienen que decir.

La sentencia propuesta no se limita a señalar la omisión, sino que explora sus consecuencias. "Permitir la subsistencia de lo ya legislado sin haberse consultado, presuponiendo la benevolencia de los artículos impugnados, representaría de facto la supresión del carácter obligatorio del derecho a la consulta establecido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", señala el documento con contundencia. Es decir, no se trata solo de una falla procedimental, sino de una vulneración directa a un derecho internacionalmente reconocido.

La sombra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se proyecta sobre el debate. Este instrumento internacional, ratificado por México, se erige como un faro que guía la interpretación de las leyes nacionales. El artículo 4.3, invocado por la ministra Esquivel Mossa, establece la obligación de consultar a las personas con discapacidad en todas las decisiones que les conciernen. La Ley de Salud Mental de Chihuahua, al omitir esta consulta, se coloca en una posición de vulnerabilidad frente a la normativa internacional.

El debate en el Pleno promete ser intenso. Los nuevos ministros, bajo la atenta mirada de la sociedad, tendrán la oportunidad de sentar un precedente histórico. La decisión que tomen no solo definirá el futuro de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, sino que también enviará un mensaje claro sobre el compromiso de México con los derechos de las personas con discapacidad. ¿Se privilegiará la forma sobre el fondo? ¿Se escucharán las voces de quienes han sido históricamente silenciados? El país espera con ansias las respuestas. El futuro de la inclusión está en juego.