La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Iztapalapa tras la impactante explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia. Mientras las autoridades trabajan incansablemente para esclarecer las causas del siniestro y atender a las víctimas, una pregunta crucial resuena con fuerza: ¿quién es el responsable? La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ha arrojado luz sobre este interrogante, señalando a Transportadora Silza, S.A. de C.V., una empresa perteneciente al influyente Grupo Tomza, como la propietaria de la unidad siniestrada.

Sin embargo, la investigación ha destapado un hecho aún más preocupante: la pipa circulaba sin un seguro vigente. La ASEA ha confirmado que no se encontraron registros de pólizas de seguro de responsabilidad civil para la actividad de transporte de la pipa en cuestión. Este descubrimiento genera una profunda inquietud, no solo por las implicaciones legales y financieras para las víctimas, sino también por las posibles fallas en los mecanismos de control y supervisión de las empresas dedicadas al transporte de materiales peligrosos.

Si bien Transportadora Silza cuenta con los permisos necesarios para el transporte de gas ante la Comisión Nacional de Energía, la falta de un seguro vigente pone en evidencia una preocupante brecha en la seguridad. ¿Cómo es posible que una empresa de la envergadura de Grupo Tomza, con una amplia presencia en el sector energético, permita que una de sus unidades opere sin la cobertura de seguro obligatoria? Esta interrogante exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y de la propia empresa.

La ASEA ha revelado también que la pipa cargó gas en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., una planta de almacenamiento que, paradójicamente, sí contaba con un registro de póliza de seguro. Sin embargo, la vigencia de esta póliza había expirado en junio de 2025, un dato que añade otra capa de complejidad al caso. Además, una solicitud posterior de la Terminal Marítima para el registro de una nueva póliza fue desechada, generando interrogantes sobre los motivos de dicha decisión.

La situación actual exige una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y las causas que llevaron a este lamentable accidente. Es fundamental garantizar que las empresas que operan con materiales peligrosos cumplan con todas las normas de seguridad y cuenten con los seguros necesarios para proteger a la población y al medio ambiente. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales en este proceso, para que se haga justicia a las víctimas y se prevengan futuras tragedias. El caso de la pipa de Iztapalapa no debe quedar impune, sino servir como un llamado a la reflexión y a la acción para fortalecer la seguridad en el transporte de materiales peligrosos en todo el país. La vida de las personas y la protección del entorno dependen de ello.