El debate sobre la centralización de la organización electoral en México resurge con fuerza. La propuesta de absorber las funciones de los Organismos Públicos Locales (OPLes) por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) se plantea como una solución para optimizar recursos y reducir los costos de los procesos electorales. Sin embargo, esta aparente simplificación esconde complejidades que podrían resultar contraproducentes.

Si bien la intención de ahorrar es loable, la realidad operativa del INE, ya de por sí compleja, se vería desbordada por la magnitud de la tarea. Imaginemos la logística que implica organizar elecciones no solo federales, sino también locales en 32 estados, con sus particularidades geográficas, demográficas y políticas. La experiencia reciente con la elección judicial, que impuso una carga de trabajo considerable al INE, nos da una idea de los retos que se presentarían. ¿Sería realmente un ahorro o terminaríamos con un INE saturado, ineficiente y, paradójicamente, más costoso?

La fusión de los OPLEs con el INE implicaría una multiplicación del personal actual, infraestructura y recursos materiales. El supuesto ahorro se diluiría en la contratación de nuevo personal, capacitación, y la adaptación de las estructuras estatales a los lineamientos federales. Además, la carga administrativa se incrementaría exponencialmente, lo que podría afectar la calidad y la transparencia de los procesos electorales.

Otro aspecto crucial es el impacto en el federalismo. Centralizar la organización electoral debilitaría la autonomía de los estados y concentraría el poder en el INE, lo cual podría generar desequilibrios y tensiones políticas. El sistema federal mexicano se basa en la distribución de competencias entre la federación y las entidades, y la organización de las elecciones locales es un componente esencial de esa distribución.

Entonces, ¿cómo optimizar el gasto electoral sin sacrificar el federalismo ni la eficiencia? La respuesta no es simple y requiere un análisis profundo y participativo. Se deben explorar alternativas que permitan reducir costos sin centralizar la organización. Por ejemplo, se podría mejorar la coordinación entre el INE y los OPLEs, implementar tecnologías que agilicen los procesos, y revisar los esquemas de financiamiento público a los partidos políticos.

El financiamiento de los OPLEs es un punto crítico. La dependencia de los gobiernos estatales para su financiamiento crea una vulnerabilidad que puede comprometer su independencia. Una posible solución sería que la federación asuma el financiamiento, deduciendo las cantidades correspondientes de las participaciones estatales. De esta manera, se blindaría la autonomía de los OPLEs y se evitarían los retrasos en la entrega de recursos que actualmente enfrentan.

En definitiva, la reforma electoral requiere un diagnóstico preciso y soluciones que consideren todos los factores en juego. La centralización de la organización electoral, si bien atractiva en teoría, presenta riesgos que no podemos ignorar. Es necesario un debate informado y propuestas creativas que fortalezcan la democracia y la eficiencia del sistema electoral mexicano. El futuro de nuestra democracia depende de ello.