La designación de Martha Lidia Pérez Gumercindo como nueva comisionada nacional de Búsqueda marca un hito en la lucha contra la desaparición de personas en México. Tras un exhaustivo proceso de consulta, que involucró a más de mil propuestas y comentarios de familias, colectivos y expertos, la elección de Pérez Gumercindo se presenta como un paso firme hacia la verdad y la justicia. Su trayectoria, aún por descubrir en profundidad por el público, promete ser la base sobre la que se construyan nuevas estrategias y se fortalezcan las acciones de búsqueda e identificación. Imaginemos el impacto que su liderazgo puede tener en la vida de miles de familias que esperan noticias de sus seres queridos.

Este proceso, impulsado por la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, demuestra un compromiso tangible con la transparencia y la participación ciudadana. La inclusión de las voces de quienes han sufrido directamente la tragedia de la desaparición es fundamental para construir soluciones efectivas y humanitarias. Recordemos que detrás de cada cifra, de cada estadística, hay una historia de dolor, una ausencia que desgarra el tejido social. La participación activa de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil no solo enriquece el proceso de selección, sino que también fortalece la legitimidad y la eficacia de la Comisión.

La mención de los otros cuatro finalistas – Hermilo de Jesús Lares Contreras, Javier Ignacio Díaz Ballesteros, María Mercedes Pascual Guzmán y María Sol Berenice Salgado Ambros – nos recuerda la calidad y el compromiso de los profesionales que dedican sus vidas a esta causa. Si bien solo una persona podía ocupar la titularidad de la CNB, la experiencia y el conocimiento de todos los participantes son un activo invaluable en la lucha contra la desaparición. ¿Qué aportaciones podrían hacer estos expertos desde otros espacios? ¿Cómo podemos aprovechar su talento para fortalecer las políticas públicas en materia de búsqueda de personas?

La Jornada Nacional de Capacitación y Actualización anunciada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es una muestra más del compromiso del gobierno con la profesionalización y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas. La reforma legal que obliga a todos los estados a contar con fiscalías especializadas en la materia es un paso crucial para homogeneizar los procesos y garantizar la atención adecuada a las víctimas en todo el país. Esta capacitación no solo dotará a los funcionarios de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor, sino que también les permitirá sensibilizarse ante la magnitud del problema y la importancia de su rol en la búsqueda de la verdad y la justicia.

El exhorto a las gobernadoras y gobernadores para fortalecer las Comisiones Locales de Búsqueda es un llamado a la corresponsabilidad y a la acción conjunta. La desaparición de personas es un problema nacional que requiere la suma de esfuerzos de todos los niveles de gobierno. La dotación de recursos humanos, materiales y presupuestales a las comisiones locales es esencial para que puedan operar de manera efectiva y brindar una respuesta oportuna y eficaz a las familias de las víctimas. ¿Cómo podemos asegurar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y transparente? ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación se implementarán para garantizar que las comisiones locales cumplan con su mandato?

Finalmente, las palabras de la Secretaria Rodríguez, "Tenemos el mismo objetivo: Encontrarles, que se conozca la verdad y que haya justicia", resuenan con fuerza y esperanza. Este objetivo común debe ser el motor que impulse las acciones de todas las instituciones y actores involucrados en la lucha contra la desaparición. La espera, la incertidumbre y el dolor de las familias merecen una respuesta contundente, un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia. El camino es largo y complejo, pero la esperanza de encontrar a los desaparecidos y sanar las heridas del pasado sigue viva.