La extorsión, una sombra que acecha a miles de familias mexicanas y lastra el crecimiento de sectores vitales para nuestra economía, está en el punto de mira. El reciente decreto aprobado en la Cámara de Diputados, que reforma el artículo 73 de la Constitución, es un paso firme y decisivo para combatir esta lacra que ha venido ganando terreno de forma preocupante. No se trata solo de un cambio legislativo, sino de una declaración de guerra contra un delito que corroe el tejido social y económico del país. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sienta las bases para una estrategia nacional unificada y contundente.

Imaginen un México donde los emprendedores puedan invertir sin el temor constante a la extorsión, donde los comerciantes puedan abrir sus negocios con tranquilidad y donde las familias puedan vivir sin la angustia de ser víctimas de este delito. Este es el futuro que se empieza a construir con la aprobación de este decreto. La homogeneización del tipo penal y sus sanciones, un elemento clave de la reforma, permitirá a las autoridades actuar con mayor eficacia y coordinación. Se acabaron las lagunas legales y las discrepancias entre estados. Con una ley federal clara y concisa, el mensaje a los extorsionadores es contundente: no habrá impunidad.

La aprobación de este decreto no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una estrategia integral de seguridad. Forma parte de un engranaje mayor que incluye reformas al artículo 21 constitucional, la creación de la Ley de la Guardia Nacional y la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Todas estas piezas encajan para formar un frente común contra la delincuencia.

Este nuevo marco legal no solo fortalecerá la cooperación entre la Federación y las entidades federativas, sino que también dotará a las autoridades de herramientas más eficaces para combatir la extorsión. La persecución de oficio y la recepción de denuncias anónimas son dos ejemplos de cómo se busca facilitar la denuncia y proteger a las víctimas.

La lucha contra la extorsión es una tarea de todos. La cultura de la denuncia es fundamental para desmantelar las redes criminales que se lucran del miedo y la vulnerabilidad. Si somos testigos o víctimas de este delito, debemos alzar la voz. Cada denuncia es un paso hacia un México más seguro.

Si bien aún queda mucho por hacer, la aprobación de este decreto es una señal esperanzadora. Demuestra la voluntad política de enfrentar este problema de raíz y sienta las bases para un futuro donde la extorsión deje de ser una amenaza constante para las familias mexicanas y el desarrollo económico del país. Es un compromiso no solo con la seguridad, sino con la justicia y el bienestar de todos. Es un paso hacia la recuperación de la tranquilidad y la confianza en nuestras instituciones.