La sombra de nuevos impuestos se cierne sobre la canasta básica, una noticia que resuena con fuerza en los hogares mexicanos, justo cuando se acerca la aprobación del presupuesto para 2026. La promesa de "primero los pobres" se desdibuja ante la posibilidad de que sean precisamente ellos quienes carguen con el peso de estos nuevos gravámenes. El escenario económico heredado, con una administración pública al borde del colapso, justifica, según algunos, la necesidad de estas medidas. Sin embargo, la creciente ola de programas sociales, implementados con un innegable tinte electoral, ha vaciado las arcas públicas, dejando al gobierno con pocas opciones.

El uso del fisco como herramienta para impulsar la economía es una práctica extendida a nivel global. Incentivos y desincentivos fiscales han sido utilizados históricamente para dirigir el desarrollo hacia sectores específicos, promoviendo el crecimiento y la creación de empleos. Pero en este caso, la medida parece apuntar a un objetivo diferente: la supervivencia de los programas sociales, una promesa que, a pesar de las dificultades, el gobierno actual se niega a abandonar. Surge entonces la pregunta: ¿a costa de quién?

La clase media, ese sector atrapado entre las necesidades de los más vulnerables y las demandas del Estado, se convierte en el principal contribuyente. Asalariados y empresarios, cautivos en el sistema tributario, son quienes sostienen el aparato gubernamental y financian los ambiciosos proyectos de la administración. Mientras tanto, la economía informal y la subterránea permanecen en las sombras, evadiendo su responsabilidad fiscal y contribuyendo al desequilibrio del sistema.

Pero hay otra forma de "pagar impuestos" en México, una que opera al margen de la ley: el cobro de piso, las extorsiones y todo el universo de la delincuencia organizada. Un fenómeno que, lamentablemente, ha extendido sus tentáculos, ganando poder e influencia incluso dentro de las esferas gubernamentales. La impunidad y la tolerancia hacia grupos invasores de inmuebles, que operan con aparente respaldo oficial, son un claro ejemplo de esta preocupante realidad.

La comparación con otros países, donde la carga impositiva es mayor, no justifica la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Los baches en las calles, la deficiente infraestructura y la falta de servicios básicos son un recordatorio constante de que los impuestos no se traducen en beneficios tangibles para la ciudadanía. La exigencia de una administración eficiente y transparente, que priorice el desarrollo a largo plazo sobre los intereses partidistas, se convierte en un clamor popular.

Urge una profunda reforma en el aparato burocrático, que promueva la profesionalización, la atención al público y la disciplina en el gasto. La impunidad en las responsabilidades administrativas debe ser combatida con firmeza. Es necesario establecer mecanismos de control y rendición de cuentas que sancionen no solo los actos de corrupción, sino también la impericia y las políticas públicas erráticas que causan daños irreparables al erario. El futuro de México depende de una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos, que garantice el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos.