La sombra del ácido clorhídrico fiscal se cierne sobre México. El Paquete Económico 2026, lejos de ser un bálsamo para la economía, se presenta como un corrosivo que amenaza con disolver la estabilidad financiera de diversos sectores. Desde la banca, castigada con la no deducibilidad de las aportaciones al IPAB, hasta el ahorrador común, ahogado por retenciones de ISR cada vez más agresivas, pasando por las industrias refresquera, tabacalera y de videojuegos, sometidas a gravámenes que rozan lo confiscatorio, el nuevo paquete económico no deja títere con cabeza. Este escenario no hace más que refrendar el carácter fiscalizador, casi obsesivo, de la actual administración.

La preocupante tendencia del gobierno a vivir al límite, especialmente en materia de endeudamiento y déficit, es una bomba de tiempo que amenaza con detonar en cualquier momento. La Secretaría de Hacienda, capitaneada por Édgar Amador, ha intentado tranquilizar a las calificadoras con proyecciones que sitúan el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (la deuda total) en un 52.3% del PIB para el resto del sexenio. En otras palabras, se asume la imposibilidad de reducir la deuda, un claro retroceso respecto a las promesas iniciales. Jugar al límite con las finanzas públicas es una apuesta arriesgada, sobre todo cuando el crecimiento económico no acompaña. El incumplimiento del pronóstico de crecimiento del PIB del año pasado, que oscilaba entre un 2.0% y un 3.0%, es una prueba fehaciente de la fragilidad del escenario económico actual. La rectificación de Hacienda, con un nuevo pronóstico que apenas alcanza entre un 0.5% y un 1.5%, no hace más que aumentar la incertidumbre. ¿Realmente podemos hablar de optimismo ante estas cifras?

Este panorama sombrío anticipa recortes al gasto público en los próximos meses, una medida que podría extenderse a 2026 si la situación comercial no mejora. La fantasía de un crecimiento sostenido se desvanece rápidamente, dejando al descubierto la cruda realidad de una economía en apuros.

En medio de este torbellino económico, la Secretaría de Hacienda se ve obligada a bailar al son de la semántica izquierdista. El intento de Édgar Amador de presentar las medidas como un "rescate" de Pemex chocó frontalmente con la corrección, casi inmediata, de la presidenta, quien insistió en hablar de "pago de la deuda". Un simple cambio de palabras que revela las tensiones internas y la delicada cuerda floja sobre la que se mueve el discurso oficial.

El Paquete Económico 2026 no solo castiga a los contribuyentes, sino que también parece favorecer a ciertos actores del mercado. Observadores del sector de telecomunicaciones y un informe del banco UBS apuntan a que las medidas benefician, una vez más, a América Móvil, de Carlos Slim, al mantener los precios del espectro radioeléctrico sin cambios, perpetuando las elevadas barreras de entrada para otros operadores. Las obligaciones de cobertura, lejos de promover la competencia, consolidan la posición dominante de la empresa. Un claro ejemplo de cómo las políticas públicas pueden perpetuar desequilibrios en el mercado.

En contraste con este panorama desalentador, la emisión de certificados bursátiles por $3 mil millones de Total Play, a un plazo de más de mil días y con un rendimiento de TIIE + 320 puntos, inyecta una dosis de optimismo en el mercado. La decisión de utilizar estos recursos para amortizar otras emisiones y fortalecer el capital de trabajo se presenta como una estrategia inteligente en un contexto de incertidumbre económica. ¿Será este un ejemplo a seguir para otras empresas que buscan navegar en las turbulentas aguas del ácido clorhídrico fiscal? El tiempo lo dirá.