La industria nacional mexicana respira aliviada. El Paquete Económico 2026 trae consigo una bocanada de aire fresco para diversos sectores, con un aumento arancelario del 50% a vehículos asiáticos, principalmente chinos, que ingresen al país. Esta medida, según el Secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubón, se enmarca dentro de una estrategia de protección a 19 sectores industriales clave, y se ajusta a los límites permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

No se trata de una decisión arbitraria. El trasfondo radica en la llegada de automóviles a precios considerablemente inferiores a los de referencia en el mercado mexicano. Esto, según Ebrard, coloca a la industria nacional, que representa el 23% de la manufactura del país, en una situación de desventaja competitiva. Imaginen una carrera donde uno de los competidores comienza con una considerable ventaja. La industria automotriz mexicana se encontraba en una posición similar, compitiendo contra precios artificialmente bajos.

La analogía utilizada por el Secretario de Economía es clara: si un solo producto llega con un precio sospechosamente bajo, se inicia una investigación “antidoping”. Pero si la situación se generaliza, la solución es ajustar los aranceles para nivelar el terreno de juego. No se busca castigar a nadie, sino proteger la producción nacional y los empleos que genera.

El aumento arancelario, que se aplica sobre un arancel preexistente del 20% para vehículos chinos, no es una medida aislada. El Paquete Económico 2026 contempla 1,463 fracciones arancelarias, que abarcan aproximadamente el 8.6% del total de las importaciones. Esto se traduce en un escudo protector para sectores como la siderurgia, textiles y calzado, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, remolques, vidrio, cosméticos y, crucialmente, autopartes.

Precisamente, el sector de autopartes cobra especial relevancia en este escenario. Ebrard destaca que esta industria, incluso más que la automotriz, se ve afectada por la importación de productos a precios por debajo del inventario. Las consecuencias de la inacción serían devastadoras, con un estimado de 320,000 empleos en riesgo, una cifra que el gobierno no está dispuesto a tolerar. Esta proyección se basa en el análisis de las experiencias previas en sectores como el textil y el calzado, que han sufrido las consecuencias de la competencia desleal.

La decisión de no implementar el aumento arancelario mediante un decreto presidencial responde a la voluntad de fomentar un debate plural en el Congreso. Se busca que la medida sea discutida y evaluada desde diferentes perspectivas, garantizando así la transparencia y la legitimidad del proceso.

Este aumento arancelario no es simplemente un aumento de impuestos. Es una inversión en la industria nacional, una apuesta por el empleo mexicano y una declaración de intenciones: México está comprometido con el crecimiento de su economía y la protección de sus trabajadores. Es una medida que busca equilibrar la balanza comercial y fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas en el mercado global. Se espera que esta estrategia impulse la creación de empleos, fortalezca la economía nacional y consolide la posición de México como un actor clave en el panorama industrial internacional.