La sombra de la corrupción se cierne sobre San Luis Potosí. Las denuncias penales contra el gobierno de Enrique Galindo por el uso de factureras y desvío de recursos públicos, reveladas por la Auditoría Superior del Estado, han sacudido la confianza ciudadana. No se trata de un caso aislado, sino de un patrón que se repite en otros municipios del Altiplano, como Moctezuma y Matehuala, pintando un panorama desolador de manejos financieros turbios. La capital potosina, segundo ente con más observaciones de los 112 fiscalizados, se convierte en el epicentro de un escándalo que pone en tela de juicio la transparencia de la gestión de Galindo.

Las obras de pavimentación en las avenidas García Diego y Mariano Jiménez, rehechas por no cumplir con las especificaciones contratadas, son un ejemplo palpable del despilfarro y la falta de rigor en la administración de los recursos públicos. Una "burla" para los ciudadanos que ven cómo sus impuestos se desvanecen en asfalto deficiente. A esto se suman las investigaciones especiales, una por el presunto desvío de recursos de los parquímetros –más aparatos, menos recaudación, una paradoja que exige una explicación– y otra por el escándalo de "huachicoleo salarial" implicando al regidor Jorge Alberto Zavala López. La imagen de un gobierno con las manos manchadas de corrupción se refuerza con cada nueva revelación.

Mientras tanto, en Acapulco, la alcaldesa Abelina López navega en un mar de problemas. Las protestas de más de dos mil prestadores de servicios turísticos, que la acusan de marginarlos de los proyectos de rescate del puerto, son el clamor de un sector abandonado. A esto se suma el boquete financiero de casi 809 millones de pesos no reportados, señalado por la Auditoría Superior de la Federación. La opacidad en su administración se convierte en un lastre que impide la reconstrucción de un puerto devastado por los huracanes.

La ausencia de liderazgo y la falta de transparencia son las constantes en la gestión de López. El enojo ciudadano crece, alimentado por los escándalos de cuentas públicas sin aclarar. La protesta de lancheros y restauranteros no es un hecho aislado, sino el síntoma de un malestar generalizado que amenaza con hundir el ya mermado capital político de la alcaldesa. La búsqueda de un diálogo directo con el titular de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, evidencia la desesperación de un sector que se siente ignorado por las autoridades locales. En ambos casos, San Luis Potosí y Acapulco, la ciudadanía exige respuestas y acciones concretas para combatir la corrupción y la ineficiencia. La transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser un mito, sino la base de una gestión pública responsable y comprometida con el bienestar de la población. El clamor por un cambio resuena en las calles, esperando ser escuchado por quienes tienen el poder de transformar la realidad.