La digitalización de la economía ha abierto un nuevo frente en la recaudación fiscal, y México no se queda atrás. La reciente declaración del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, sobre la recaudación de 20 mil millones de pesos en plataformas de streaming, abre un interesante debate sobre el futuro de los impuestos en la era digital. No se trata solo de una cifra impresionante, sino de la consolidación de una tendencia global: los gobiernos buscan mecanismos para gravar las transacciones que ocurren en el ciberespacio, un territorio que hasta hace poco parecía escapar al control fiscal.

Zamora destacó que este proceso de fiscalización es “estándar” y “protocolizado”, lo cual sugiere que México se está alineando con las prácticas internacionales en materia de tributación digital. Esto es fundamental para garantizar la equidad fiscal y evitar que las empresas digitales tengan una ventaja competitiva injusta frente a los negocios tradicionales. Además, estos 20 mil millones de pesos representan una inyección importante para las arcas públicas, recursos que pueden destinarse a programas sociales, infraestructura y otras áreas prioritarias para el desarrollo del país.

Sin embargo, la fiscalización de las plataformas digitales no está exenta de desafíos. Uno de ellos es la complejidad de determinar la base imponible, especialmente en un entorno globalizado donde las empresas pueden operar desde diferentes jurisdicciones. Otro reto es la necesidad de cooperación internacional para evitar la doble tributación y asegurar que las empresas paguen impuestos de manera justa donde generan sus ingresos. En este sentido, la mención de Zamora a los países con los que México no tiene tratado comercial es relevante, ya que sugiere la necesidad de fortalecer los acuerdos internacionales en materia fiscal para abarcar la economía digital.

Por otro lado, la aclaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el IEPS a videojuegos violentos, desvinculándolo de un objetivo recaudatorio y enfocándolo en la estrategia de seguridad, plantea una perspectiva interesante. Si bien la recaudación no es el objetivo principal, es innegable que cualquier impuesto genera ingresos, por mínimos que sean. La pregunta clave es cómo se utilizarán estos recursos. ¿Se invertirán en programas de prevención de la violencia? ¿Se destinarán a la investigación de los efectos de los videojuegos en el comportamiento? La transparencia en la gestión de estos fondos será crucial para generar confianza en la ciudadanía.

La presidenta Sheinbaum también hizo hincapié en la importancia de mejorar los controles y profundizar la supervisión en las plataformas electrónicas. Esto implica un desafío importante para las autoridades fiscales, que deben adaptarse a la velocidad y la complejidad del entorno digital. Se requiere invertir en tecnología y capacitar al personal para que pueda realizar auditorías efectivas y detectar posibles evasiones fiscales. La vigilancia fiscal en el ámbito digital no solo se trata de recaudar más, sino de asegurar que todos contribuyan de manera justa al sostenimiento del Estado.

En conclusión, la fiscalización de las plataformas digitales y la discusión sobre el IEPS a videojuegos violentos son temas complejos que requieren un análisis profundo y un debate informado. La transparencia, la cooperación internacional y la adaptación a las nuevas tecnologías serán claves para lograr una tributación justa y eficiente en la era digital. El camino hacia una economía digital inclusiva y equitativa apenas comienza, y México tiene la oportunidad de ser un referente en la región.