La sombra de la militarización se extiende nuevamente sobre México. El Senado de la República, en una sesión que ha generado controversia y encendido el debate político, ha dado luz verde a una reforma constitucional que otorga al propio Senado la facultad de ratificar los nombramientos de mandos de la Guardia Nacional. Con 26 votos a favor y 8 en contra, la reforma a los artículos 76 y 78 constitucionales avanza, dejando un reguero de cuestionamientos sobre el futuro de la seguridad pública en el país.

La aprobación en comisiones, con el apoyo mayoritario de Morena y sus aliados, se ha topado con la férrea oposición del PAN y el PRI. Para estos partidos, la reforma no es más que otro paso en la consolidación de la militarización de México, un camino que consideran peligroso y contrario a los principios democráticos. Argumentan que la Guardia Nacional, concebida originalmente como un cuerpo civil, está siendo absorbida cada vez más por las fuerzas armadas, lo cual representa una amenaza para el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos.

La celeridad con la que se ha tramitado la reforma también ha sido objeto de críticas. Presentada hace apenas unos días por el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, la iniciativa ha sido calificada de "exprés" y "al vapor" por la oposición, quienes denuncian la falta de un debate profundo y la ausencia de un análisis exhaustivo de sus implicaciones.

Desde la bancada oficialista, se argumenta que la reforma busca dotar de "certeza constitucional" y "trato institucional" a la Guardia Nacional, homologando el proceso de ratificación de ascensos con el del Ejército y la Marina. Señalan que esto fortalecerá el marco jurídico de la institución y contribuirá a su consolidación como un pilar fundamental en la estrategia de seguridad pública.

La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, ha defendido la reforma, destacando el papel crucial que la Guardia Nacional, creada en 2019, desempeña en la actualidad. Según la legisladora, esta modificación constitucional es necesaria para afianzar la estructura y el funcionamiento de la institución.

Sin embargo, voces críticas como la del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, se alzan contra lo que consideran una estrategia deliberada del gobierno federal para militarizar la seguridad. Colosio Riojas, al igual que otros representantes de la oposición, advierte sobre los riesgos que esta tendencia representa para la democracia y la seguridad ciudadana.

El debate está abierto y la polarización política se agudiza en torno a la Guardia Nacional. Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso necesario para fortalecer la institución, la oposición la denuncia como una maniobra para profundizar la militarización del país. La sociedad mexicana observa con atención el desarrollo de esta controversia, consciente de que el futuro de la seguridad pública está en juego. ¿Será esta reforma el camino hacia una mayor seguridad o un paso más hacia la militarización? El tiempo lo dirá. Lo que es innegable es que el debate apenas comienza y las consecuencias de esta decisión trascenderán la actual legislatura. La pregunta que queda en el aire es si la Guardia Nacional seguirá el camino de la militarización o logrará consolidarse como un cuerpo de seguridad ciudadana, respetuoso de los derechos humanos y bajo un control civil efectivo.