La sombra de la corrupción se cierne una vez más sobre la figura de un exmandatario. Roberto Sandoval Castañeda, quien gobernara el estado de Nayarit, ha sido declarado culpable por la justicia. La acusación: falsificación de documentos para adueñarse ilícitamente de un terreno de 58 hectáreas en la localidad de Aután, municipio de San Blas. Un predio con vocación agrícola y ganadera, destinado a alimentar la tierra y a las familias que dependen de ella, se convirtió en el epicentro de una trama de engaño y abuso de poder.

La Fiscalía General del Estado, con la firmeza que exige la ley, confirmó la resolución del juez. El próximo 11 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en la que se individualizará la sanción. Un día que marcará un hito en la historia judicial de Nayarit y que, sin duda, resonará en todo el país. La justicia, lenta pero implacable, parece estar alcanzando a quien una vez se creyó intocable.

La historia de este caso se remonta a 2012, cuando, según las investigaciones, Sandoval Castañeda, valiéndose de artimañas y argucias legales, habría falsificado la firma del legítimo propietario, Rubén “N”, para apropiarse del terreno. Un acto que no solo vulnera la propiedad privada, sino que mina la confianza en las instituciones y en quienes las representan.

La trama se complica aún más al descubrirse que, ya en su cargo como gobernador, en 2015, Sandoval Castañeda fue registrado como ejidatario 227 de Aután, obteniendo así acceso a tres predios. ¿Casualidad? ¿Estrategia calculada? Las preguntas flotan en el aire, esperando ser respondidas por la justicia.

Al terminar su mandato en 2017, Sandoval Castañeda abandonó Nayarit, como si pretendiera dejar atrás no solo el estado, sino también las responsabilidades y las consecuencias de sus actos. Fue declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020, una etiqueta que lo perseguía como una sombra. Finalmente, el 6 de junio de 2021, en plena jornada electoral para renovar la gubernatura, fue detenido en Linares, Nuevo León. Una ironía del destino que lo puso frente a la justicia precisamente en un día crucial para la democracia.

Si bien existió un acuerdo reparatorio entre las partes involucradas, al margen de la Fiscalía, el caso continuó su curso por oficio, reconociendo la gravedad de la afectación. La sentencia que se dicte el próximo 11 de septiembre podría implicar hasta seis años de prisión y el pago de una multa. Sin embargo, la batalla legal no termina aquí. Sandoval Castañeda aún tiene la posibilidad de apelar la decisión, al tratarse de una resolución de primera instancia.

Este caso, registrado bajo la causa penal 850/2020, representa el primer juicio oral en México contra un exgobernador. Un precedente que sienta las bases para la lucha contra la impunidad y la corrupción en las altas esferas del poder. Un recordatorio de que nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley. La justicia, aunque a veces tarde, llega. Y con ella, la esperanza de un futuro más transparente y justo para todos. El 11 de septiembre se escribirá un nuevo capítulo en esta historia. Un capítulo que, esperamos, marque un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México.