El 1 de septiembre de 2025 marca un hito en la historia del Poder Judicial mexicano. La renovación de la Suprema Corte de Justicia, bajo la dirección de Hugo Aguilar Ortiz, promete una transformación profunda, alejándose del elitismo y la distancia que la caracterizaron por décadas. La ceremonia de toma de protesta, con sus togas bordadas con motivos indígenas, simboliza la unión entre la justicia y la rica diversidad cultural de México, un reconocimiento a las voces históricamente silenciadas de los pueblos originarios. Este simbolismo no es superficial, se refleja en los perfiles de los nuevos ministros y ministras. Sus trayectorias, marcadas por la defensa de los derechos humanos, la investigación social y el trabajo comunitario, auguran una justicia más empática y consciente de las desigualdades sociales. La ley deja de ser un instrumento frío y distante, para convertirse en un mecanismo de reparación, aplicado con sensibilidad a la realidad social.

La apertura de la Suprema Corte al público marca un cambio radical en la relación con la ciudadanía. Se busca romper con la imagen de inaccesibilidad y solemnidad, llevando la justicia a las calles, a las comunidades rurales, a los barrios urbanos, a los sectores históricamente excluidos. La promesa de escuchar de primera mano las demandas de la gente, de recorrer el país y palpar las realidades diversas, es un paso fundamental para construir una justicia más cercana y accesible.

Es cierto que la reforma que dio origen a esta nueva Corte generó críticas y desconfianza. Sin embargo, la verdadera prueba reside en los fallos que emitirá en los próximos años. La legitimidad de la Corte se construirá con sentencias justas y comprensibles para el pueblo, sentencias que se perciban como genuinas respuestas a las demandas sociales. El reto es enorme: construir una justicia que no solo resuelva controversias jurídicas, sino que contribuya a reparar las desigualdades históricas y fortalezca la confianza ciudadana.

Esta nueva etapa representa una oportunidad para resignificar el papel de la Suprema Corte. La interpretación de la ley puede ser la diferencia entre un derecho abstracto y una justicia tangible, entre una institución lejana y una aliada en la vida cotidiana. La Corte tiene la responsabilidad de construir puentes entre la ciudadanía y la justicia, a través del diálogo constante y la escucha activa. México no necesita solemnidad vacía, necesita sentencias justas y humanas, respuestas concretas a los problemas que enfrenta día a día. Las expectativas son altas, pero la esperanza de un Poder Judicial más justo y cercano a la gente es aún mayor. Confiamos en el compromiso de los nuevos ministros y ministras, y los instamos a trabajar incansablemente por el bienestar del Pueblo de México.

Además, es importante destacar que esta transformación del Poder Judicial no se limita a la Suprema Corte. Se espera que esta nueva visión permee todas las instancias del sistema judicial, desde los juzgados locales hasta los tribunales superiores. La formación de jueces y juezas con perspectiva de derechos humanos, la simplificación de los procesos judiciales y la implementación de mecanismos de justicia alternativa son algunos de los retos que se deben abordar para lograr una verdadera transformación.

La participación ciudadana será clave en este proceso. La sociedad civil debe involucrarse en el monitoreo y la evaluación del desempeño del Poder Judicial, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. La construcción de una justicia más justa y equitativa es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos los actores involucrados. El 1 de septiembre de 2025 marca el inicio de un largo camino, un camino que esperamos conduzca a un México donde la justicia sea un derecho real y efectivo para todos y todas.