En un contexto económico global incierto, el Paquete Económico 2026 presentado por el gobierno federal se perfila como una apuesta decidida por el bienestar social y el desarrollo de infraestructura estratégica. Con una inversión sin precedentes de 10.1 billones de pesos, este paquete no solo blinda los programas sociales existentes, sino que los fortalece considerablemente para hacer frente a la inflación y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación y la vivienda.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al destacar el carácter social de este presupuesto. No se trata simplemente de mantener los programas de bienestar, sino de incrementar su alcance y efectividad. Este aumento, ajustado a la inflación, asegura que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo y puedan seguir contando con un apoyo fundamental en su día a día. Programas como la Pensión para Adultos Mayores, con una asignación de 527 mil millones de pesos, y el nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar, con 57 mil millones, son ejemplos concretos de esta política de apoyo a los sectores más vulnerables.

En el ámbito de la salud, la inversión se incrementa notablemente, con un enfoque particular en el fortalecimiento del IMSS Bienestar. Esto permitirá ampliar la cobertura de servicios médicos y mejorar la atención a la población, especialmente en zonas marginadas. La educación también recibe un impulso significativo, con una inversión de 1.1 billones de pesos destinada a mejorar la infraestructura educativa, la formación docente y el acceso a la tecnología en las aulas. Asimismo, se destinan 399 mil millones de pesos a programas de vivienda, buscando garantizar el acceso a una vivienda digna para más familias mexicanas.

La inversión en infraestructura también juega un papel crucial en este paquete económico. Con 1.3 billones de pesos destinados a proyectos prioritarios, se busca impulsar el desarrollo del país y generar empleos. La inversión en trenes, con una asignación de 105 mil millones de pesos, es un ejemplo claro de esta apuesta por la modernización del transporte y la conectividad. También se prevén inversiones importantes en carreteras, proyectos hidráulicos y otras obras de infraestructura que contribuirán al crecimiento económico y al bienestar de la población.

Un aspecto clave del Paquete Económico 2026 es la austeridad republicana. Se ha anunciado que los salarios de los altos funcionarios no aumentarán, manteniendo así una política de contención del gasto público. Esta medida, junto con otras estrategias de eficiencia administrativa, busca optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar que se destinen a las áreas prioritarias.

En materia de recaudación, se plantea un aumento del 6.3 por ciento sin necesidad de implementar nuevas reformas fiscales. La estrategia se centra en fortalecer la eficiencia recaudatoria, combatiendo la evasión y elusión fiscal, simplificando trámites y modernizando las aduanas. Se espera que estas medidas, junto con la implementación de contribuciones para incentivar hábitos saludables, como el aumento en el costo de los refrescos, permitan alcanzar la meta de recaudación de 8.7 billones de pesos. La medida del aumento al refresco, si bien genera recursos, tiene también un objetivo de salud pública, buscando desincentivar el consumo de bebidas azucaradas.

La no deducibilidad de las cuotas pagadas al IPAB por parte de la banca múltiple, destinadas al pago de pasivos del FOBAPROA, es otra de las medidas anunciadas que busca optimizar el manejo de los recursos públicos.

En resumen, el Paquete Económico 2026 se presenta como una herramienta para consolidar la política social del gobierno, impulsando el desarrollo y el bienestar de la población a través de la inversión en programas sociales, infraestructura y la promoción de hábitos saludables. La austeridad republicana y la eficiencia recaudatoria son pilares fundamentales de este paquete, que busca un crecimiento económico sostenido y una mejor distribución de la riqueza.