La evasión fiscal, una sombra que acecha constantemente la economía nacional, se ha convertido en un desafío cada vez más complejo para las autoridades mexicanas. Las estrategias empleadas por quienes buscan eludir sus responsabilidades tributarias han evolucionado, obligando al gobierno a implementar medidas más contundentes para combatir esta problemática. La propuesta de endurecer las sanciones, incluyendo la negación de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para ciertas personas morales, representa un paso significativo en esta lucha.

No se trata simplemente de castigar, sino de prevenir. La iniciativa busca atacar el problema desde su raíz, impidiendo que quienes han demostrado un comportamiento irregular en el pasado puedan continuar operando bajo nuevas identidades jurídicas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá la facultad de investigar a fondo las solicitudes de inscripción, revisando el historial de los socios, accionistas y representantes legales. Cualquier indicio de participación en empresas que hayan emitido facturas falsas, transmitido pérdidas fiscales de manera indebida o incurrido en otras prácticas fraudulentas, será motivo suficiente para denegar el acceso al RFC.

Esta medida, sin duda, generará un impacto considerable en el panorama empresarial. Imaginemos el caso de un emprendedor que, tras ver su empresa sancionada por emitir comprobantes fiscales falsos, intenta reiniciarse con una nueva razón social. Bajo las nuevas reglas, el SAT podría detectar su historial y bloquear su intento de volver a operar bajo un nuevo nombre. Esto envía un mensaje claro: la evasión fiscal no será tolerada y las consecuencias serán significativas.

La propuesta también incluye modificaciones al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, exigiendo que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) amparen operaciones reales y verificables. Esto significa que ya no bastará con emitir una factura; será necesario demostrar la existencia de la transacción que la respalda. Las visitas domiciliarias, con plazos abreviados, serán una herramienta crucial para verificar la autenticidad de las operaciones.

Para los receptores de facturas falsas, la situación también se complica. Tendrán un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal, lo que implica demostrar que no tenían conocimiento de la ilegalidad de los comprobantes. De no hacerlo, se les restringirá temporalmente el certificado de sello digital, lo que limitará su capacidad para emitir y recibir facturas electrónicas.

Finalmente, la posibilidad de presentar querellas en contra de quienes emitan comprobantes fiscales falsos añade un elemento disuasivo adicional. La persecución penal de este delito reforzará el mensaje de que la evasión fiscal es un acto grave con consecuencias legales serias.

En resumen, las nuevas medidas propuestas representan un esfuerzo integral para combatir la evasión fiscal en México. Desde la prevención, con la negación de la inscripción al RFC, hasta la sanción, con la restricción del sello digital y la posibilidad de acciones penales, el gobierno busca cerrar las brechas que permiten a algunos contribuyentes eludir sus obligaciones fiscales. El camino por recorrer aún es largo, pero estas acciones marcan un paso firme en la dirección correcta. El objetivo final es crear un sistema tributario más justo y equitativo, donde todos contribuyan de acuerdo a sus posibilidades. Solo así se podrá garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo económico del país.