La amenaza invisible que acecha en nuestras copas se cierne sobre la Ciudad de México, un peligro silencioso que se disfraza de fiesta y camaradería. La sumisión química, ese acto cobarde que roba la voluntad y vulnera la integridad, ha encontrado un terreno fértil en la oscuridad de algunos establecimientos, dejando a su paso un rastro de víctimas silenciadas e historias de impunidad. El diputado Jesús Sesma, con la valentía que exige la situación, ha alzado la voz en la Cámara de Diputados para proponer un escudo legal más robusto, una barrera que proteja a los ciudadanos de este flagelo moderno.

No se trata solo de castigar al verdugo que administra la sustancia, sino de cortar de raíz la cadena de suministro, de perseguir a quien la posee, la ofrece, la entrega, como cómplice silencioso de un crimen que destroza vidas. Imaginen la angustia de despertar sin recuerdos, con el cuerpo violado, la mente confundida, sin poder identificar al agresor, sin pruebas, sin justicia. Esa es la realidad que viven cientos de víctimas de la sumisión química, una realidad que exige una respuesta contundente.

La iniciativa del diputado Sesma propone una pena diferenciada, un agravamiento de la condena para aquellos que operan desde la sombra de los establecimientos mercantiles, convirtiendo lugares de esparcimiento en trampas para la inocencia. Hasta ocho años de prisión, un mensaje claro de que la Ciudad de México no tolerará la impunidad, que la justicia alcanzará a quienes se esconden tras la barra para envenenar la alegría.

Y no se detiene ahí. La propuesta va más allá, reconociendo la complejidad del delito, la concatenación de actos criminales que se esconden tras la sumisión química. Porque en muchos casos, la droga en la bebida es solo el primer paso, la llave que abre la puerta a agresiones sexuales, robos, privaciones de la libertad, un abanico de horrores que se cierne sobre la víctima indefensa. Por ello, se propone incluir el concurso de delitos, para que cada acto criminal sea juzgado con el peso de la ley, sin atenuantes, sin concesiones.

Las cifras son alarmantes, un grito silencioso que exige atención. Entre 2020 y 2025, la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México ha recibido 280 denuncias sanitarias relacionadas con bebidas adulteradas en establecimientos mercantiles. A nivel nacional, la COFEPRIS registra casi 500 denuncias en el mismo periodo. Números que se traducen en rostros, en historias de dolor, en vidas marcadas por la violencia.

La Ciudad de México no puede permanecer indiferente ante este clamor. Tiene la oportunidad, la responsabilidad, de ser un referente nacional en la protección de sus ciudadanos, de erigirse como un bastión contra la sumisión química. La propuesta del diputado Sesma es un paso firme en esa dirección, una luz de esperanza para las víctimas, un mensaje de advertencia para los criminales. No se trata solo de castigar, se trata de prevenir, de educar, de crear una cultura de respeto y responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas.

La lucha contra la sumisión química es una tarea de todos. Desde los legisladores, que deben dotar a las autoridades de las herramientas legales necesarias, hasta los dueños de establecimientos, que deben implementar protocolos de seguridad y vigilancia. Y también nosotros, los ciudadanos, debemos estar alerta, cuidar de nuestros amigos, denunciar cualquier situación sospechosa. Solo así podremos construir una ciudad más segura, donde la fiesta no sea sinónimo de peligro, donde la alegría no se vea empañada por la sombra de la violencia. La iniciativa del diputado Sesma es un llamado a la acción, una oportunidad para que la Ciudad de México se convierta en un ejemplo de lucha contra la sumisión química, un espacio donde la dignidad, la vida y la integridad de las personas sean valores innegociables.