El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), convertido en un actor político de peso, se encuentra en una encrucijada. Con un poder que muchos consideran "prestado", la dirigencia verde oscila entre la lealtad a Morena y la tentación de una aventura electoral en solitario. La pregunta que resuena en los pasillos del partido no es de ideología, sino de pragmatismo puro: ¿cuánto podrán exprimir de su alianza con el partido gobernante? La disyuntiva ha abierto grietas internas, con figuras como el senador Luis Armando Melgar impulsando abiertamente la candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego para 2030. Una apuesta arriesgada que choca frontalmente con la 4T y el enfrentamiento cada vez más álgido entre el "Tío Richie" y el régimen. Romper con Morena implicaría dar la espalda a años de colaboración, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Pero los intereses del PVEM se ramifican más allá de la esfera presidencial. La ambición de gobernadores por perpetuar el poder familiar añade otra capa de complejidad a la ecuación. Ricardo "El Pollo" Gallardo, en San Luis Potosí, y la dinastía Monreal, en Zacatecas, presionan por imponer a sus familiares como candidatos, incluso si eso significa aliarse con el PRI o con el propio PVEM a espaldas de Morena. La cúpula del partido verde no ofrece mayor claridad. Mientras Arturo Escobar y Melgar coquetean con la idea de ir solos, Karen Castrejón afirma que ya se preparan para competir de forma independiente en Quintana Roo y Manuel Velasco prefiere la ambigüedad, instando a esperar las decisiones de la dirigencia. Una ambigüedad que muchos interpretan como una estrategia calculada. En este escenario, las acusaciones de Melgar contra antiguos aliados de Morena, a quienes tilda de "ratas", añaden leña al fuego y presagian una ruptura difícil de disimular. Si el PVEM finalmente decide romper con Morena, no será por convicción democrática ni por un repentino fervor ecologista, sino por el aroma de nuevos negocios. La clave está en descifrar qué oportunidades han detectado en el horizonte para justificar un salto tan drástico. Y en Palacio Nacional, la alarma ya ha sonado.

La preocupación por el robo y contrabando de combustible ha escalado a niveles críticos, superando incluso el impacto de otros delitos del crimen organizado. Pemex, bajo la dirección de Víctor Rodríguez, y la Secretaría de Energía, liderada por Luz Elena González, reconocen la gravedad de la situación. El huachicol se ha desbordado, generando un impacto económico y social devastador. Y lo más alarmante es la complicidad que se extiende por todos los niveles: empresarios, militares y políticos de diversos partidos forman parte de esta red de saqueo. El mapa del contrabando de combustible deja en evidencia la extensión del problema. Pocos estados se libran de las garras de este mercado negro, tan normalizado que parece invisible. Guanajuato destaca como uno de los epicentros del negocio, donde el huachicol envenena la economía local y financia a grupos de poder paralelos al Estado. La administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de su discurso de combate frontal, no ha logrado contener la expansión del fenómeno. El huachicol no solo sobrevive, sino que se ha sofisticado y consolidado, demostrando la ineficacia de las estrategias implementadas. La realidad supera la narrativa oficial, dejando al descubierto la complejidad y la gravedad de un problema que amenaza la estabilidad del país. Como diría aquel filósofo, cuyo nombre se me escapa en este momento, “en política no hay amigos, solo intereses… y el Verde ya cotiza en bolsa”.