La inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en el discurso del nuevo Poder Judicial es un paso crucial hacia la construcción de una justicia verdaderamente representativa de la pluriculturalidad de México. Reconocer la deuda histórica con estos grupos y la importancia de sus sistemas normativos no es solo un acto de justicia social, sino una pieza fundamental para fortalecer la unidad nacional. Sin embargo, la inclusión no puede limitarse a un solo grupo. La sociedad, ávida de justicia e igualdad, espera que este nuevo Poder Judicial extienda su mirada a todas las poblaciones vulnerables, escuche sus demandas y construya puentes de diálogo que permitan la reparación de los agravios históricos y la prevención de futuros.

Este compromiso con la inclusión debe traducirse en acciones concretas y palpables. No basta con el discurso, la sociedad exige resultados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de actuar con prontitud, resolviendo los asuntos pendientes con la neutralidad y la imparcialidad que la caracterizan. Cada sentencia debe ser un mensaje claro y contundente: un mensaje que no solo resuelva el conflicto entre las partes, sino que exponga con precisión la injusticia cometida y la forma en que debe ser remediada. Este enfoque no solo asegura la justicia en el caso particular, sino que sirve como precedente, como una guía para prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y consolidar el Estado de Derecho.

Más allá de la resolución de conflictos, las instituciones judiciales tienen el deber de comunicar a la sociedad la importancia de su labor. Deben acercarse a la ciudadanía, explicar sus funciones y la trascendencia de sus decisiones en la vida diaria de todos. Una comunicación efectiva y constante es crucial para fomentar un círculo virtuoso: el conocimiento de los derechos humanos, la comprensión de los mecanismos para hacerlos valer y la confianza en que serán respetados. Este círculo virtuoso es la base de la legitimidad democrática de nuestro sistema de justicia.

La justicia no puede esperar. Cada día que pasa sin que los nuevos juzgadores ejerzan sus funciones con prontitud y eficiencia, se erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema. La inacción genera un mensaje negativo, un mensaje de impunidad que debilita la solidez democrática del Estado. La sociedad espera que la justicia sea pronta y expedita, que los responsables de impartirla actúen con diligencia y compromiso.

La función judicial, ejercida con eficiencia y transparencia, es un pilar fundamental para la paz social. Cuando la justicia se percibe como cercana, accesible y efectiva, se fortalece el tejido social y se consolida la democracia. Por ello, la comunicación asertiva del Poder Judicial es esencial. Debe ser una comunicación clara, concisa y transparente, que explique a la sociedad el proceso judicial, los fundamentos de las decisiones y su impacto en la vida de todos. Solo a través de una comunicación efectiva se puede construir una justicia verdaderamente democrática, una justicia que garantice los derechos de todos y contribuya a la construcción de un México más justo e igualitario. La tarea es compleja, pero el nuevo Poder Judicial tiene la oportunidad histórica de estar a la altura del desafío.