La incursión de instituciones no preparadas en la lucha contra el crimen organizado, como la Secretaría de Marina en las aduanas, es un peligroso experimento que expone a sus miembros a la corrupción y la violencia. Es como entrar a un ruedo sin saber torear: las consecuencias pueden ser devastadoras. Si bien combatir el delito de frente es necesario, hacerlo sin la preparación adecuada y sin mecanismos de control robustos, abre la puerta a la infiltración del crimen organizado. Es una invitación a que los grupos delictivos intenten corromper a los funcionarios, primero con dinero, y si eso falla, con amenazas e incluso asesinatos.

El desgaste y el descrédito que sufren las instituciones encargadas de la seguridad pública son un precio alto a pagar. Recordemos el caso de la extinta Policía Federal, acusada de corrupción y finalmente desmantelada. Irónicamente, de sus filas surgieron muchos de los líderes que hoy dirigen las áreas de seguridad del país. ¿No habría sido más prudente fortalecerla y depurarla en lugar de eliminarla por completo?

La participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser de apoyo a las policías civiles, no una sustitución. Asumir todas las atribuciones y responsabilidades de la seguridad pública, como ha ocurrido con la Marina en las aduanas, las expone a un tipo de desgaste y desprestigio para el que no están preparadas. Su misión primordial es la defensa del territorio nacional, no la lucha contra el crimen organizado. La crisis actual en el Gabinete de Seguridad, incluyendo a la Fiscalía General de la República, es una muestra palpable de los riesgos de esta estrategia.

La creación de la Policía Federal Preventiva, y posteriormente la Policía Federal, tenía como objetivo precisamente evitar este tipo de situaciones. Se buscaba que una institución civil se encargara de la prevención, combate e investigación del delito, protegiendo así a las fuerzas armadas de la corrupción y el desgaste. Su desaparición, impulsada por quienes no comprendieron la importancia de esta división de funciones, ha tenido consecuencias graves que hoy estamos pagando.

El “huachicol fiscal”, como el ocurrido en los puertos de Tampico y Altamira, es un ejemplo de cómo la doble remuneración a militares comisionados a tareas de seguridad pública ha creado grietas por las que se filtra la corrupción. Esta práctica, que se remonta a 1994, otorga a algunos funcionarios sueldos que superan al del propio presidente de la República, una situación irregular que alimenta la opacidad y la impunidad.

El testimonio del testigo protegido en la Fiscalía General de la República, en el caso del buque con combustible ilegal asegurado en Tampico en marzo de 2025, revela cómo la promesa de beneficios económicos adicionales influyó en la asignación de personal de la Marina en las aduanas, facilitando actos de corrupción. Aunque se intente minimizar la situación con frases como "el actuar aislado de unos cuantos no representa a la institución", la realidad es que estas manchas oscuras se notan más en un uniforme blanco que en uno de otro color.

Recordando mi propia experiencia, el 27 de enero de 2022, cuando fui trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de marinos, acusado injustamente por el operativo "Rápido y Furioso", comprendí la vulnerabilidad de cualquier institución ante la corrupción. La prepotencia y la violación de mis derechos en aquel entonces me mostraron que nadie está a salvo de la podredumbre, incluso aquellos que parecen más "blancos y puros". Las manchas, tarde o temprano, salen a la luz.