La entrega del Paquete Económico 2026 ha generado una profunda inquietud, no solo por las cifras presentadas, sino por la ruta política que dibuja para el país. Un centralismo presupuestal asfixiante se cierne sobre estados y municipios, precisamente las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía y encargadas de atender sus problemas cotidianos. Si bien el centralismo no es un fenómeno nuevo en México, la actual concentración del poder presupuestal en el gobierno federal alcanza niveles inéditos. Apenas un 14% de los recursos del presupuesto federal quedan a libre disposición de los más de 2,400 municipios y las 32 entidades federativas. El resto se distribuye bajo reglas dictadas desde la capital, con criterios que a menudo parecen discrecionales y politizados, lo que dificulta la planeación y ejecución de proyectos a nivel local.

Las consecuencias de este centralismo son palpables. El desarrollo no se decreta desde un escritorio en la Ciudad de México. Quienes hemos tenido la experiencia de trabajar en gobiernos locales, ya sea como alcaldes, funcionarios municipales o estatales, sabemos que las verdaderas batallas por la seguridad, la salud, la movilidad y el desarrollo económico se libran en el territorio, cerca de la gente. Sin embargo, los gobiernos locales se ven constantemente relegados a la posición de "suplicantes presupuestales", atrapados en un modelo centralista que ha demostrado sus limitaciones y que, lejos de impulsar el desarrollo, lo obstaculiza.

El Paquete Económico no solo refleja este preocupante centralismo, sino que también genera dudas sobre sus propios fundamentos. El gobierno estima un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8%, una cifra que contrasta con el promedio de apenas 0.6% registrado durante el actual sexenio. Cabe preguntarse de dónde provendrá este supuesto crecimiento en un contexto marcado por la fuga de inversiones, la presión de aranceles internacionales, la incertidumbre jurídica y una menor generación de empleos. Estas proyecciones optimistas parecen desconectadas de la realidad económica del país.

Asimismo, la proyección de una inflación del 3% resulta difícil de sostener sin una política de desinflación activa y contundente. Si estas previsiones fallan, el déficit del 3.6% se incrementará y, sin ingresos adicionales, la única salida será un mayor endeudamiento, una medida que agravaría la situación financiera del país a largo plazo. De hecho, el tema de la deuda pública ya es motivo de preocupación. Incluso dentro del propio partido gobernante se comienza a hablar de la necesidad de una Reforma Fiscal, aunque aún no se atrevan a reconocerlo abiertamente. El hecho de que el coordinador de la bancada oficialista mencione esta posibilidad es un indicativo de la fragilidad de las finanzas públicas.

Mientras tanto, el gobierno presume una reducción de la pobreza, pero ¿a qué costo? La disminución de la pobreza por ingresos se ha logrado a expensas de un sistema de salud colapsado y una educación pública deteriorada. La verdadera pobreza no se mide únicamente por el ingreso, sino por la escasez de servicios, oportunidades y futuro. No se puede construir un desarrollo sostenible si no se genera riqueza, inversión y empleo. El dinero no se genera por decreto gubernamental, sino a través de la actividad productiva del país.

En última instancia, lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino el modelo de país que queremos. ¿Un modelo centralista, endeudado y clientelar, o un modelo donde estados y municipios tengan la libertad, las capacidades y los recursos para construir sus propias soluciones, adaptadas a las necesidades de sus comunidades? Es momento de corregir el rumbo, de descentralizar el poder y los recursos, y de empoderar a los gobiernos locales para que puedan impulsar el desarrollo desde la base. Cuando se concentran los recursos, se reparten los problemas; y cuando se centralizan las decisiones, se alejan las soluciones.