La indignación recorre las redes sociales como un reguero de pólvora. Un video, de apenas un minuto de duración, ha desatado la furia colectiva al mostrar la brutal agresión de un policía a un detenido en el penal de Huejotzingo. Las imágenes, crudas y perturbadoras, exhiben al custodio propinando golpes en la cabeza y patadas a un hombre indefenso, arrodillado en el suelo. La violencia del acto se intensifica con la pasividad de dos policías presentes, quienes observan la escena sin intervenir, alimentando la percepción de un abuso de autoridad amparado por la impunidad.

El video se ha propagado rápidamente, generando una ola de comentarios de repudio y cuestionamientos sobre la actuación de las fuerzas del orden. La brutalidad del ataque, la vulnerabilidad del detenido y la aparente indiferencia de los otros oficiales han exacerbado el sentimiento de injusticia. Muchos usuarios exigen una investigación exhaustiva y un castigo ejemplar para los responsables, mientras que otros lamentan la normalización de la violencia dentro de los centros penitenciarios.

Ante la presión mediática y la condena social, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, ha salido al paso de las acusaciones. En un intento por desvincular a su administración del escándalo, Solís ha afirmado que el video no es reciente. Según sus declaraciones, el material corresponde a una época anterior a la remodelación del penal, lo que se evidenciaría en las diferencias arquitectónicas entre la construcción actual y la que aparece en la grabación.

Además, el alcalde ha asegurado que los tres policías involucrados ya no forman parte del cuerpo de seguridad. Según su versión, los oficiales renunciaron a principios de 2025, mientras que el director del penal en ese momento fue destituido en 2024 por abusos de poder. Estas afirmaciones, sin embargo, no han logrado aplacar la indignación ciudadana, que exige mayor transparencia y una investigación a fondo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos.

La controversia en torno al video ha puesto de manifiesto la profunda preocupación de la sociedad por la violencia institucional y la necesidad de una reforma profunda en el sistema penitenciario. Más allá de la veracidad de las declaraciones del alcalde, el caso de Huejotzingo reabre el debate sobre la formación y la supervisión de las fuerzas del orden, así como sobre la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. La exigencia de justicia y el clamor por un cambio se mantienen vigentes, mientras las imágenes de la brutal agresión continúan resonando en la memoria colectiva. El futuro del penal de Huejotzingo, y la confianza de la ciudadanía en las instituciones, dependen de la respuesta que se dé a este grave incidente. ¿Se limitará la investigación a una simple aclaración cronológica, o se profundizará en las causas estructurales que permiten que este tipo de abusos ocurran? El tiempo, y la presión social, lo dirán.