La disyuntiva fiscal en México: ¿Más impuestos o mejor gestión?

El debate en torno al Paquete Económico 2026 ha encendido una vez más la polémica sobre la justicia fiscal en México. Mientras el gobierno argumenta la necesidad de nuevos impuestos, etiquetados como "saludables", para financiar políticas públicas, la ciudadanía se pregunta: ¿dónde está el retorno social de los impuestos que ya pagamos? Con un gasto neto total proyectado en más de 10.2 billones de pesos para 2026, la pregunta cobra aún más relevancia. ¿Se traduce esta cifra en una mejora tangible en la vida de los mexicanos?

La carga tributaria en México, alrededor del 11% del PIB, es relativamente baja en comparación con países desarrollados, como las naciones nórdicas, donde supera el 40%. Sin embargo, la diferencia radica en la eficiencia del gasto. Mientras que en esos países la alta recaudación se refleja en servicios públicos de primer nivel, en México la realidad es otra: hospitales saturados, sistemas de pensiones ineficientes y una profunda brecha social. La comparación no se limita a los países desarrollados. Incluso en Latinoamérica, México no destaca por una recaudación particularmente alta, lo que pone en evidencia la ineficacia en la gestión de los recursos públicos.

El gobierno defiende los nuevos "impuestos saludables" sobre bebidas azucaradas, tabaco y videojuegos violentos como una estrategia para mejorar la salud pública. El aumento del IEPS a estos productos, según la narrativa oficial, permitirá financiar políticas de prevención y atención médica. Sin embargo, la falta de transparencia en la asignación de estos recursos genera desconfianza. ¿A dónde irán exactamente los fondos recaudados a través de estos impuestos? ¿Se traducirán en clínicas funcionales, medicamentos gratuitos y programas de prevención efectivos? La ciudadanía exige claridad y resultados tangibles.

El aumento del IEPS a las bebidas azucaradas, incluyendo aquellas con edulcorantes no calóricos, a 3.08 pesos por litro, junto con el incremento del IEPS al tabaco al 200% y la imposición de un impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento, son medidas que, si bien se presentan como herramientas para promover la salud, pueden percibirse como meramente recaudatorias si no se acompañan de una gestión eficiente y transparente.

El Paquete Económico 2026 proyecta un déficit del 4.1% y un aumento de la recaudación al 15.1% del PIB. El reto para el gobierno es demostrar que este incremento en la recaudación se traducirá en una mejora real en el bienestar de los mexicanos. No se trata simplemente de recaudar más, sino de invertir mejor. La ciudadanía espera ver resultados concretos: hospitales equipados, acceso a medicamentos, programas de prevención eficaces. De lo contrario, la percepción de que se trata de una medida recaudatoria, más que de una política de salud pública, seguirá latente.

El debate sobre la justicia fiscal no se centra en la cantidad recaudada, sino en el impacto que tiene en la vida de los ciudadanos. México no necesita más impuestos, necesita una mejor gestión de los recursos públicos. El Paquete Económico 2026 será la prueba de fuego para el gobierno. La ciudadanía estará vigilante para asegurarse de que cada peso recaudado se traduzca en un retorno social tangible, en una mejora real en la calidad de vida de todos los mexicanos.