La sombra de la duda se extiende larga y ominosa sobre el legado de la administración pasada. Las palabras, otrora proclamadas con la fuerza de la convicción, ahora resuenan como ecos fantasmagóricos de una realidad distorsionada. "Todos los negocios jugosos que se hacen de corrupción, llevan el visto bueno del Presidente", una frase lapidaria que, pronunciada en 2019, regresa para atormentar el discurso de quien la emitió. No se trata de especulación, no se trata de la malicia de la oposición, sino de la confesión, registrada y amplificada por el paso del tiempo.

La reiterada afirmación de haber erradicado el huachicol, repetida como un mantra a lo largo de todo un sexenio, se desmorona ante la contundente evidencia. El bumerang de las propias palabras golpea con la fuerza de la verdad incómoda. No fueron los medios conservadores, ni los adversarios políticos, quienes desmantelaron la farsa. Fue la administración de Claudia Sheinbaum, revelando una intrincada red de huachicol fiscal que salpica a la Secretaría de Marina, la institución que se pregonaba como bastión de la honestidad y la confianza.

La detención de un vicealmirante y la búsqueda de un contralmirante, ambos sobrinos del ex titular de Marina, Rafael Ojeda, abren un abismo de interrogantes. Un negocio millonario, operando bajo la sombra de la impunidad, contrabandeando combustible en buques con la audacia de quienes se sienten protegidos. 1 millón 750 mil pesos por barco, una cifra que habla por sí sola del volumen de la operación y de la avaricia que la impulsaba.

El golpe asestado por Omar García Harfuch, Raymundo Morales y Alejandro Gertz, no solo desmantela una red criminal, sino que pone en tela de juicio la integridad de quienes estaban al mando. ¿Cómo es posible que un entramado de tal magnitud operara sin el conocimiento, o la complicidad, de las más altas esferas? La cercanía de los sobrinos con el ex secretario de Marina, uno de ellos incluso fungiendo como su secretario particular, despierta sospechas que claman por respuestas.

La versión oficial, que atribuye la investigación a una solicitud del propio Ojeda, se tambalea ante la revelación de que la indagatoria se originó a raíz de la incautación de un buque con 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas. ¿Una coincidencia? ¿Una conveniente narrativa para desviar la atención? Las piezas del rompecabezas no encajan, las incongruencias saltan a la vista.

La pregunta, inevitable e incómoda, pende en el aire: ¿Quién puede creer en la inocencia de quienes, desde la cúspide del poder, pregonaban la honestidad mientras la corrupción se extendía como una plaga a sus pies? La ingenuidad no puede ser escudo ante la evidencia. La verdad, aunque incómoda, siempre encuentra la manera de salir a la luz.