Un nuevo ciclo se abre para la justicia en México. Tras un periodo de luces y sombras, de aciertos y errores, la sociedad mexicana anhela una justicia más cercana, eficaz y, sobre todo, real. La balanza de Temis, diosa griega de la justicia, nos recuerda la necesidad de equilibrio e imparcialidad en este nuevo camino que se inicia. No se trata de olvidar el pasado, sino de aprender de él, de convertir los errores en lecciones y fortalecer los aciertos para construir un sistema judicial a la altura de las exigencias del país.

La esperanza se renueva con los tres pilares institucionales que hoy asumen la responsabilidad de guiar este nuevo ciclo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina. De ellos, y de quienes los integran, se espera un compromiso inquebrantable con la Constitución y con la ciudadanía.

En la Suprema Corte, la presencia del Ministro Hugo Aguilar Ortiz y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa infunde confianza en la defensa de los derechos humanos y la constitucionalidad. Su experiencia y solidez académica son un baluarte ante los desafíos que enfrenta el Estado constitucional. Se espera que la Corte actúe con independencia y firmeza, garantizando la unidad del orden jurídico nacional.

Por su parte, la Magistrada Celia Maya García, al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, representa la promesa de una mayor transparencia y firmeza en la rendición de cuentas de jueces y magistrados. Su liderazgo es crucial para asegurar que la justicia se imparta con rectitud y apego a la ley.

El recién creado Órgano de Administración Judicial, con la Magistrada Lorena Josefina Pérez Romo a la cabeza, llega para fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Su trayectoria, marcada por la defensa de la legalidad y la ética pública, augura una administración judicial eficiente y profesional, capaz de cimentar la confianza ciudadana en los jueces.

Estas designaciones y liderazgos no son simplemente un cambio de rostros, sino la oportunidad de un renovado pacto de confianza entre la sociedad y la justicia federal. La transición que vivimos exige que el Poder Judicial se fortalezca, se acerque a la ciudadanía y se mantenga fiel a sus principios esenciales. No basta con ocupar un cargo, es preciso honrarlo con probidad, independencia y una auténtica vocación de servicio público.

El camino no será fácil. La sociedad observa con atención y exige resultados. La confianza no se decreta, se construye día a día con acciones congruentes, resoluciones bien fundadas y un comportamiento ético intachable. El reto es mayúsculo: recuperar la credibilidad de quienes han perdido la fe en la justicia y fortalecer la de quienes aún creen en sus juzgadores.

La ciudadanía tiene el derecho de exigir, y las instituciones judiciales la obligación de demostrar que esa exigencia no es en vano. De ese equilibrio depende que la justicia en México deje de ser una aspiración retórica y se convierta en una realidad tangible. Se cierra un capítulo en nuestra historia judicial y se abre otro, un capítulo del que esperamos un legado digno: un legado de confianza, imparcialidad y respeto irrestricto a la Constitución.