La sombra de la desigualdad continúa extendiéndose sobre las comunidades indígenas de Chiapas. A pesar de los esfuerzos y el incansable trabajo de organizaciones civiles durante más de dos décadas, el panorama para las mujeres, adolescentes y jóvenes indígenas en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sigue siendo desolador. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es una celebración, sino un grito de alerta ante una crisis que persiste y se agudiza. Las cifras de mortalidad materna, que deberían estar disminuyendo, se mantienen estancadas, revelando la profunda falla de un sistema que las excluye y las margina.

No hablamos de estadísticas frías, sino de vidas truncadas, de futuros robados. Detrás de cada número hay una historia de dolor, de una mujer que no recibió la atención necesaria, de una familia que perdió a una madre, a una hija, a una hermana. Los testimonios recogidos en los informes son desgarradores: muertes prevenibles, embarazos adolescentes forzados, violencia obstétrica, uniones tempranas, un catálogo de injusticias que se repiten una y otra vez. Las barreras no son solo geográficas, sino también culturales y lingüísticas. ¿Cómo puede una mujer acceder a la atención médica si no habla el mismo idioma que el personal de salud? ¿Cómo puede confiar en un sistema que no comprende sus costumbres, sus creencias, su cosmovisión?

La falta de acceso a métodos anticonceptivos es una condena a la maternidad forzada, una violación a su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. La ausencia de pruebas rápidas de VIH y la dificultad para acceder a la interrupción legal del embarazo las expone a riesgos aún mayores. Mientras tanto, la confusión generada por la transición entre el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud añade otra capa de complejidad a un sistema ya de por sí fragmentado e ineficiente. La incertidumbre y la falta de claridad se traducen en demoras que pueden ser fatales.

Las parteras tradicionales, figuras clave en sus comunidades, se enfrentan a la indiferencia y la falta de reconocimiento por parte del sistema de salud oficial. Su conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, es un recurso invaluable que debería ser integrado, no ignorado. La propuesta de aceptar las constancias de nacimiento expedidas por ellas es un paso fundamental para garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños indígenas, un derecho que a menudo les es negado.

Es urgente establecer un diálogo real y horizontal entre el personal médico y las parteras, construir puentes de entendimiento que permitan una atención integral y respetuosa de la cultura. La capacitación intercultural para los trabajadores de la salud no es una opción, sino una necesidad imperante. Deben aprender a escuchar, a comprender, a atender a las mujeres indígenas desde una perspectiva que reconozca y valore su identidad.

No podemos seguir mirando hacia otro lado. La situación de las mujeres indígenas en Chiapas exige una respuesta inmediata y contundente. No basta con buenas intenciones, se necesitan acciones concretas que las coloquen en el centro, que prioricen su autonomía, su dignidad y su bienestar. Es hora de romper el ciclo de la desigualdad y garantizarles el acceso pleno a sus derechos sexuales y reproductivos. Su vida, su salud, su futuro, dependen de ello.