Puerto Vallarta se tambalea en la cuerda floja de la gobernabilidad. La promesa de un paraíso turístico se desdibuja ante una realidad de servicios públicos deficientes, una ciudadanía hastiada y un gobierno que parece haber olvidado su principal función: servir al pueblo. La tensión, palpable en cada esquina del municipio, ha alcanzado un punto de ebullición con la propuesta del Cabildo de aumentar la carga financiera de los vallartenses. Parquímetros y alzas en las tarifas se presentan como la gota que derrama el vaso, encendiendo la mecha de la indignación ciudadana.

La respuesta del gobierno ante las protestas pacíficas ha sido, cuanto menos, cuestionable. En lugar de diálogo y apertura, se optó por el blindaje y la represión. El uso de personas de centros de rehabilitación como escudo humano contra las manifestantes, muchas de ellas madres con niños y adultos mayores que solo exigían agua y servicios básicos, es una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva de Puerto Vallarta. ¿A qué tipo de gobernantes les preocupa más protegerse de su propio pueblo que escuchar sus demandas? La invitación del regidor Christian Bravo Carbajal a estas personas, confesada por ellas mismas, arroja una sombra de duda sobre las verdaderas intenciones del Cabildo. ¿Controlar a la fuerza o gobernar para el pueblo?

Pero la indignación no se detiene ahí. Las denuncias de agresiones sexuales contra trabajadoras municipales, presuntamente perpetradas por los mismos “guardianes” del orden, son un grito desgarrador que exige justicia. El silencio del alcalde Munguía y su Cabildo ante estas graves acusaciones es ensordecedor. Un silencio cómplice que se suma a la tibia respuesta del Instituto de la Mujer, un deslinde que no protege ni ofrece justicia a las víctimas. ¿Dónde queda la protección de los derechos de las mujeres? ¿Acaso el miedo a perder el poder justifica la inacción ante la violencia?

Y como si la represión física no fuera suficiente, las manifestantes también han sido blanco de campañas de desprestigio, ciberacoso y amenazas. Una estrategia cobarde que busca silenciar las voces disidentes y sembrar el miedo entre quienes se atreven a cuestionar el poder. En Puerto Vallarta, alzar la voz por los derechos básicos se paga con intimidación, violencia y la hostilidad de un gobierno que parece haber olvidado su razón de ser.

Mientras tanto, a nivel nacional, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se pavonea con un plumaje prestado. Se ufana de su fuerza política, pero la realidad es otra. Un solo estado gobernado y, según las últimas encuestas, con pocas posibilidades de retenerlo si compite en solitario. El Verde, un ave acostumbrada a volar con alas ajenas, se ha alimentado de las migajas de los partidos en el poder. PRI, PAN y ahora Morena, todos han sido su anfitrión. Su soberbia no sorprende, pero sí decepciona.

Las grietas en la alianza con Morena se hacen cada vez más evidentes. Desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, pasando por San Luis Potosí y Zacatecas, las voces de morenistas descontentos con el Verde resuenan con fuerza. El 2027 se acerca y las alianzas serán cruciales para definir el futuro político del país. El Verde puede seguir inflando el pecho, pero los números no mienten. Su futuro, sin un anfitrión poderoso, se vislumbra incierto.

Nos vemos a las 8 por el 8 TV.