La LXVI Legislatura se encuentra en una encrucijada histórica. Tras un primer año marcado por la vorágine reformista, el Congreso mexicano debe decidir si continúa por la senda de la erosión institucional o si, por el contrario, opta por la prudencia y la reconstrucción del diálogo. El futuro de México, su viabilidad democrática y su estabilidad económica, penden de esta crucial decisión.

El primer año legislativo dejó una profunda huella en el andamiaje institucional del país. Las reformas al Poder Judicial, la controvertida desaparición de órganos autónomos y la preocupante cancelación del diálogo entre las distintas fuerzas políticas, pintan un panorama sombrío. El Congreso, en lugar de actuar como contrapeso y garante del equilibrio de poderes, se convirtió en un actor secundario, sometido a los designios del movimiento gobernante. Este sometimiento, a su vez, ha desviado la atención de las verdaderas necesidades nacionales, postergando la solución a problemas urgentes que aquejan a la ciudadanía.

Hoy, más que nunca, México necesita un Legislativo responsable, capaz de actuar con independencia y sensatez. Un Congreso que proteja las libertades individuales, impulse el desarrollo económico y genere la confianza necesaria para atraer inversiones. La revisión del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum representa una oportunidad invaluable para rectificar el rumbo. No se trata de un mero trámite protocolario, sino de un ejercicio de análisis honesto y reflexivo. Los aplausos y las loas no servirán de nada si no se evalúa con rigor lo que ha funcionado y lo que no. La inseguridad, que sigue azotando a vastos sectores de la población, los grandes casos de corrupción que permanecen impunes, como el escándalo de Segalmex, y la desconexión entre los ambiciosos objetivos del Plan México y las herramientas legislativas para alcanzarlos, deben ser temas centrales de debate.

El primer Paquete Económico presentado por la presidenta Sheinbaum parece insistir en recetas inerciales que no abordan los problemas de fondo. El aumento de impuestos existentes, como el IEPS, o la dependencia de los ingresos del comercio exterior, son medidas paliativas que ignoran el verdadero desafío de las finanzas públicas mexicanas: la extendida informalidad, la reducida base tributaria y el despilfarro en proyectos y empresas públicas que no son rentables ni rinden cuentas. Es imperativo que el Congreso asuma su responsabilidad y exija una reforma fiscal integral que promueva la formalización de la economía, amplíe la base tributaria y garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el gasto público.

Otro punto crítico son los nombramientos para los órganos reguladores en materia de competencia económica y telecomunicaciones, que ahora formarán parte de la estructura del Ejecutivo. Si bien se ha logrado, por el momento, cumplir con las obligaciones del T-MEC, la posibilidad de que se privilegien los intereses políticos por encima de la experiencia técnica representa un grave riesgo. La designación de allegados políticos en puestos clave podría generar serias controversias y afectar la credibilidad de estas instituciones.

Finalmente, se avecina la reforma electoral de 2026. La embriaguez del poder es peligrosa, y cualquier intento de manipular las reglas del juego electoral para asegurar la permanencia en el poder tendrá consecuencias devastadoras para la ya debilitada democracia mexicana. Controlar los órganos electorales es sinónimo de controlar las elecciones, un escenario inaceptable en un país que aspira a consolidar su sistema democrático.

Todas las decisiones que tome el Congreso, incluyendo las leyes pendientes en materia aduanera, ciberseguridad, y otras, deben analizarse en el contexto de la revisión del T-MEC. Si el Legislativo persiste en su camino de sometimiento al poder Ejecutivo, cancelación de la pluralidad e imposición de consignas ideológicas, México llegará a la mesa de negociaciones con una posición debilitada y numerosos cuestionamientos. En cambio, si la prudencia impera en la mayoría oficialista, habrá, al menos, una esperanza de construir un futuro más próspero y democrático para todos los mexicanos. La cita de Mark Twain, "La vida, la libertad o la propiedad de ningún hombre están seguras mientras la Legislatura esté en sesión", resulta particularmente inquietante en estos tiempos de incertidumbre. Es responsabilidad del Congreso demostrar que esta afirmación no se aplica al caso mexicano.