La trágica decisión del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, de quitarse la vida, añade una capa de complejidad a la lucha contra el huachicol fiscal emprendida por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este acto desesperado, en el epicentro de las detenciones relacionadas con este delito, nos obliga a reflexionar sobre la profunda presión que enfrentan quienes se ven atrapados en la maquinaria de la corrupción. La sombra de la sospecha se extiende incluso sobre instituciones con una trayectoria de rectitud como la Marina, poniendo en tela de juicio la integridad de sus miembros y generando una crisis de confianza sin precedentes. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual en un sistema permeado por prácticas ilícitas?

El caso del capitán Pérez Ramírez, quien supuestamente recibió 100 mil pesos, nos lleva a cuestionar las circunstancias que lo llevaron a tomar una decisión tan extrema. ¿Fue la culpa, la desesperación, el miedo a las consecuencias? Imaginemos, por un instante, si todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción a lo largo de las últimas décadas hubiesen optado por el mismo camino. El escenario resultante sería desolador, una muestra palpable del fracaso de un sistema que no ha logrado erradicar la corrupción de sus entrañas. La figura del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y la detención de sus sobrinos, Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías, añaden aún más incertidumbre a este panorama. ¿Estaban al tanto de las actividades ilícitas? ¿Participaron de alguna manera en la red de corrupción? Las investigaciones en curso deberán arrojar luz sobre estos interrogantes y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

La firmeza de Claudia Sheinbaum al afirmar "hasta donde tope" refleja la determinación del gobierno por combatir la corrupción sin importar las consecuencias, incluso si esto implica afectar la imagen de instituciones históricamente respetadas. Esta postura, si bien necesaria, no debe eclipsar la importancia de la prevención del suicidio, especialmente en un contexto de alta presión como el que viven quienes se enfrentan a acusaciones de corrupción. Es fundamental ofrecer apoyo psicológico y emocional a quienes lo necesiten, para evitar que la desesperación los lleve a tomar decisiones irrevocables.

En contraste con la tragedia que envuelve el caso del capitán Pérez Ramírez, la disminución del 19% en la tasa de suicidios en la capital del país ofrece un atisbo de esperanza. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Es crucial fortalecer los valores éticos y morales desde la formación profesional, como se observa en la Universidad de la Policía de la CDMX, donde se promueve la cercanía con la comunidad y se busca alejar a la corporación de la percepción de corrupción. Las palabras de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, resuenan con fuerza: “Los y las policías […] tienen que bajarse de [la patrulla], tienen que caminar las calles, tienen que tocar la puerta, tienen que ser conocidos por sus vecinos”. Esta visión de una policía cercana y comprometida con la ciudadanía es fundamental para reconstruir la confianza y fortalecer el tejido social.

La lucha contra la corrupción, la proximidad policial y la prevención del suicidio son piezas de un mismo rompecabezas. En el centro de todo se encuentra la confianza, un elemento esencial para la construcción de una sociedad justa y equitativa. La tragedia del capitán Pérez Ramírez nos recuerda la fragilidad de la condición humana y la importancia de abordar la corrupción no solo desde la perspectiva punitiva, sino también desde la prevención y el fortalecimiento de los valores éticos. El camino hacia una sociedad más transparente y justa requiere de un esfuerzo conjunto, donde la justicia y la compasión se den la mano.