La tensión se palpaba en el aire de Ejidos de Tequisistlán, municipio de Tezoyuca, Estado de México, la mañana del 8 de septiembre. Un murmullo corría entre los vecinos, transformándose en gritos de indignación y finalmente, en una explosión de furia colectiva. Seis figuras, cuatro hombres y dos mujeres, se encontraban en el centro de la tormenta, señalados como presuntos delincuentes, atrapados en una red de acusaciones y enojo vecinal. La chispa que encendió la pradera, según testigos, fue un intento de asalto. Los vecinos, hartos de la inseguridad que asolaba su comunidad, se organizaron con la velocidad de un rayo. Palos, piedras, cualquier objeto contundente se convirtió en un arma improvisada en manos de la multitud. La justicia, o lo que ellos percibían como tal, se impartía en plena vía pública, bajo el sol implacable de la mañana.

La escena que se desarrolló a continuación fue de una brutalidad impactante. Los seis sospechosos, sometidos por la turba enfurecida, recibieron una lluvia de golpes que resonaban en el silencio atónito de algunos y en los gritos de otros. Cinco de ellos quedaron tendidos en el asfalto, malheridos, su destino incierto. El sexto, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada, no corrió con la misma suerte. Su cuerpo yacía inerte, un testimonio mudo de la violencia desatada.

La llegada de la policía municipal y estatal puso fin al linchamiento. Los uniformados se abrieron paso entre la multitud, dispersando a los vecinos y tratando de contener la situación que amenazaba con escalar aún más. Los paramédicos, abriéndose paso entre el caos, atendieron a los heridos, trasladándolos a hospitales de la región donde permanecen bajo custodia, a la espera de su destino legal. Mientras tanto, el cuerpo del fallecido fue levantado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) e ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley.

La FGJEM, en un comunicado oficial, informó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Si bien los vecinos insisten en la culpabilidad de los agredidos, señalándolos como miembros de una banda que operaba en la zona, las autoridades hacen hincapié en la presunción de inocencia y la necesidad de recabar pruebas contundentes. La dependencia aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que la justicia por mano propia no está permitida en nuestro país y que, de hecho, constituye un delito. Se hizo referencia al artículo 17 de la Constitución Mexicana, que garantiza el derecho a un juicio justo ante tribunales competentes y prohíbe expresamente la violencia para reclamar derechos.

Este lamentable suceso abre un debate crucial sobre la seguridad y la justicia en nuestra sociedad. ¿Qué lleva a los ciudadanos a tomar la justicia en sus propias manos? ¿Es la desesperación ante la ineficacia de las instituciones o un reflejo de la creciente violencia que nos rodea? La respuesta, sin duda, es compleja y multifacética. Mientras tanto, en Ejidos de Tequisistlán, la herida sigue abierta, un recordatorio doloroso de la fragilidad de la paz y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho. El eco de los golpes, los gritos de la multitud y el silencio final del fallecido, aún resuenan en las calles, sembrando la incertidumbre y el temor. ¿Será este un punto de inflexión para la comunidad? ¿Se tomarán medidas para abordar las causas de la inseguridad y la violencia? El futuro, por ahora, permanece incierto.