La indignación se palpa en el aire de Tehuacán, Puebla. Un video, crudo y directo, ha circulado como la pólvora mostrando la violencia desatada de una mujer contra una humilde comerciante en la caseta de San Lorenzo. El pasado 6 de septiembre, esta vendedora, cuyo rostro refleja la angustia del momento, vio cómo su fuente de ingresos, su mercancía, era arrojada al suelo por una agresora vestida con sudadera verde y gorra negra. Las imágenes muestran a la víctima pidiendo calma, intentando razonar con la mujer, pero sus súplicas fueron recibidas con amenazas y, finalmente, con la destrucción de su pequeño puesto. La impotencia y la rabia se apoderan de quienes ven el video. No se trata solo de un acto de vandalismo, sino de la prepotencia y el abuso de poder. Testigos y comerciantes de la zona afirman que esta mujer no es una desconocida. Su rostro, aunque oculto parcialmente por la gorra, ha sido visto antes sembrando el terror entre los vendedores. El rumor corre: busca controlar la zona comercial de la caseta de San Lorenzo. "¿Quiere ver cómo le tiro sus cosas?", espeta la agresora segundos antes de consumar su amenaza. Una frase que resuena como un eco siniestro, revelando la impunidad con la que opera. “Simplemente no quiero que vengan aquí”, añade antes de retirarse, dejando tras de sí un rastro de destrucción y miedo.

La pregunta que todos se hacen es ¿quién es esta mujer? ¿Qué la impulsa a actuar con tanta saña? ¿Hasta cuándo seguirá operando con impunidad? Hasta el momento, se desconoce si la víctima ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público de Tehuacán. Sin embargo, este incidente pone de manifiesto un problema mucho mayor que aqueja a México: la extorsión y la violencia contra los comerciantes. No se trata de un caso aislado. Desde los vendedores de alimentos y bebidas, hasta los que comercian con materiales de construcción, pasando por el sector transporte y la agricultura, miles de mexicanos viven bajo la sombra del miedo, obligados a pagar el llamado "cobro de piso" para poder trabajar.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que representa a 2 millones de empresarios en los 32 estados de la República, ha denunciado que el 78% de las micro, pequeñas y medianas empresas son víctimas de esta práctica criminal. Un dato alarmante que refleja la vulnerabilidad de un sector crucial para la economía del país. El caso de la comerciante de Tehuacán es un llamado a la acción. Es necesario que las autoridades investiguen a fondo este incidente y que se implementen medidas efectivas para proteger a los comerciantes de la violencia y la extorsión. No podemos permitir que el miedo paralice el emprendimiento y el desarrollo económico de México. La solidaridad con la víctima es fundamental. Su historia no puede quedar en el olvido. Debemos exigir justicia y seguridad para todos los que, día a día, trabajan honestamente para ganarse la vida. Es hora de alzar la voz y decir ¡basta! a la impunidad y a la violencia.