La incertidumbre se ha apoderado de las altas esferas diplomáticas y empresariales en México. El fantasma de una nueva política arancelaria, propuesta por el gobierno mexicano como parte del paquete fiscal 2026, ha generado un clima de tensión e inquietud. El retraso en la presentación oficial del paquete, a cargo del Secretario de Hacienda Édgar Amador, no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Según fuentes confiables, la demora se debe a las fuertes presiones ejercidas por China y Corea del Sur, países cuyas importaciones se verían gravemente afectadas por el aumento "desmedido y de niveles estratosféricos" de los aranceles.

Este movimiento, lejos de ser casual, parece estar directamente relacionado con la reciente visita del Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el anuncio de Washington de revisar el T-MEC en octubre. La sombra de una posible estrategia de presión por parte de Estados Unidos se cierne sobre la situación.

Representantes del Grupo Monterrey han expresado su profunda preocupación al gobierno, advirtiendo que aranceles tan elevados podrían paralizar gran parte de la actividad industrial del país. Muchos componentes esenciales para la industria nacional provienen precisamente de China y Corea del Sur, gobernados por Xi Jinping y Lee Jae-myung, respectivamente.

La tensión entre el equipo de Marcelo Ebrard y el de Amador ha alcanzado un punto crítico. La Secretaría de Hacienda parece haber cometido un grave error de cálculo al estimar el impacto de los nuevos aranceles. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, guarda un silencio que resulta inquietante. Si bien el tema arancelario no es de su competencia directa, la posible repercusión en las relaciones comerciales y diplomáticas con los países afectados sí lo es.

La sorpresa es aún mayor en el caso de Corea del Sur. A pesar de las reticencias de algunos sectores empresariales mexicanos a un tratado de libre comercio, Corea del Sur se ha consolidado como un importante inversionista en el país. El impacto de esta medida en la relación bilateral es aún incierto.

El gobierno mexicano se encuentra en una carrera contra reloj para ajustar las cifras y cumplir con el mandato constitucional de presentar el presupuesto y paquete económico 2026. La espera de más de cinco horas por parte de los legisladores, que finalmente recibieron el paquete a las 22:30 horas, es un claro reflejo de la complejidad de la situación. La incertidumbre persiste, y al cierre de esta edición, la llegada del documento a San Lázaro no estaba garantizada al cien por cien.

Por otro lado, la llegada del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles a la Secretaría de Marina y Armada de México ha supuesto un cambio radical. Desde el primer día, ha liderado una profunda reestructuración, no solo en los puertos, sino también en las terminales aéreas, incluyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo el mando del Almirante Juan José Padilla Olmos. Ambos han desarticulado redes de corrupción, destituyendo a capitanes vinculados a los hermanos Fernando y Manuel Farías Lagunas, quienes habían infiltrado a la institución y desviado fondos a empresas como Segtec. La limpieza continúa, un trabajo minucioso que está devolviendo la integridad a esta importante institución.

En el caso de Dolphin Discovery, el mayor operador de delfinarios del mundo, el conflicto entre el empresario Eduardo Albor y sus socios estadounidenses por el control accionario ha dado un nuevo giro. Albor, con el apoyo del abogado Fidel Ladrón de Guevara, ha recuperado las oficinas corporativas en Cancún, desplazando a Steven Strom, representante de los accionistas estadounidenses. El litigio continúa en Delaware y Quintana Roo, con Albor haciendo valer su influencia en este último. A pesar de una reciente orden de aprehensión promovida por Cigna y Prudential, Albor, defendido por Fidel Villanueva, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, ha logrado sortear el obstáculo.

Tras tres años de negociaciones, el convenio concursal de la sociedad financiera Progresemos ha sido finalmente aprobado. Iron Capital y SPR Carteras toman el control de la firma fundada por Rafael Moreno Valle Suárez. El síndico Gerardo Badín logró un acuerdo de compensación de deudas con acreedores como el Banco del Bienestar, Scotiabank, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Worldbusiness Capital. Progresemos actuará como acreedor y deudor, capitalizando créditos y garantizando a los acreedores la retención de sus garantías. El pasivo de esta microfinanciera poblana llegó a alcanzar los cuatro mil millones de pesos.

Finalmente, el sector farmacéutico continúa su proceso de consolidación. Compharma, con contratos en estados como Jalisco y la Ciudad de México, está formando una alianza estratégica con Astrea Ocampo, accionista de Grupo Neolpharma y Psicofarma, y Mario Pacchiano, accionista principal de Grupo Maremi. Buscan aprovechar las oportunidades del Plan México para convertir al país en un fabricante de medicamentos e insumos para la salud, un sector que, según la Secretaría de Economía, se beneficiará de la renegociación del T-MEC.