El fantasma de la inflación vuelve a acechar los bolsillos de los mexicanos. Por vigésima segunda semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido mantener el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al 100% para las gasolinas Magna, Premium y Diésel. Esto significa que, del 6 al 12 de septiembre de 2025, los automovilistas deberán absorber la totalidad del impuesto, un duro golpe para la economía familiar, especialmente en un contexto de incertidumbre económica global.

La noticia, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), confirma la tendencia al alza en los precios de los combustibles. De acuerdo con la SHCP, el IEPS por litro se mantiene en 6.45 pesos para la Magna, 5.45 pesos para la Premium y 7.09 pesos para el Diésel. Cifras que, sumadas al precio base del combustible, representan un gasto significativo para los consumidores.

Si bien PETROIntelligence reportó un ligero incremento de un centavo en el precio de la Magna este 9 de septiembre de 2025, manteniendo estables los precios de la Premium, el Diésel y el gas natural vehicular, la carga impositiva del IEPS sin estímulo fiscal es la que realmente impacta en el bolsillo del consumidor. Imaginemos el impacto acumulado de este impuesto semana tras semana, mes tras mes. ¿Cómo afecta esto a las familias que dependen del automóvil para sus actividades diarias, para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o simplemente para realizar sus compras?

La variabilidad regional en los precios del combustible añade otra capa de complejidad a la situación. Mientras en algunas zonas del país el precio por litro se mantiene relativamente estable, en otras, los incrementos pueden ser más pronunciados. Esta disparidad genera desigualdad en el impacto económico para las familias mexicanas, acentuando las diferencias entre las distintas regiones del país. ¿Qué medidas se están tomando para garantizar un acceso equitativo a los combustibles, independientemente de la ubicación geográfica?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Subprocuraduría de Verificación, realiza inspecciones constantes en las gasolineras de todo el país para asegurar que se respeten los precios y se brinde un servicio adecuado a los consumidores. Sin embargo, más allá de la verificación, se necesitan soluciones de fondo que aborden la raíz del problema: el alto costo de los combustibles y el impacto del IEPS en la economía familiar.

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿qué alternativas se están explorando para mitigar el impacto del precio de la gasolina en la economía de las familias? ¿Se están considerando políticas públicas para fomentar el uso de energías alternativas y el transporte público? ¿Qué estrategias se implementarán para promover la eficiencia energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles?

Es crucial que el gobierno, en conjunto con la sociedad civil y el sector privado, trabajen en la búsqueda de soluciones sostenibles que garanticen un acceso justo y equitativo a los combustibles, protegiendo la economía de las familias mexicanas y promoviendo un desarrollo económico inclusivo. El futuro de la movilidad y la estabilidad económica del país dependen de ello. La conversación debe continuar, y las acciones deben ser contundentes.