La reciente declaración del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negando la participación de México en operaciones conjuntas con la DEA contra el Cártel de Sinaloa, ha generado un intenso debate sobre la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Si bien Harfuch reconoció la realización de detenciones relevantes de miembros de dicha organización criminal por parte de las fuerzas federales mexicanas, insistió en la ausencia de una colaboración directa con la agencia estadounidense en el marco del operativo internacional que la DEA anunció con bombos y platillos. Este operativo, según la propia DEA, resultó en la detención de 617 personas e incautación de más de 10 toneladas de droga, un golpe contundente al cártel que ha dominado el tráfico de drogas durante décadas. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿Cómo es posible un operativo de tal magnitud, con repercusiones internacionales, sin la participación de México, país clave en la ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos?

La negativa de Harfuch a reconocer una colaboración activa genera suspicacias y abre la puerta a diversas interpretaciones. ¿Se trata de una estrategia para proteger información sensible sobre las operaciones de las fuerzas mexicanas? ¿O existe una verdadera fractura en la cooperación bilateral en materia de seguridad? Algunos analistas apuntan a una posible tensión entre ambos gobiernos, derivada de diferencias en las estrategias de combate al narcotráfico. Mientras Estados Unidos parece apostar por la fuerza y las detenciones masivas, México ha insistido en la necesidad de abordar las causas estructurales del problema, como la pobreza y la falta de oportunidades. Esta divergencia de enfoques podría estar dificultando la coordinación de esfuerzos y limitando la eficacia de las acciones contra el crimen organizado.

Por otro lado, la solicitud de extradición de dos personas vinculadas al caso Ayotzinapa, confirmada por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, añade un nuevo elemento a la compleja relación entre ambos países. Aunque Sheinbaum se reservó los nombres de los implicados, la petición de extradición a Estados Unidos demuestra que, a pesar de las posibles tensiones en el ámbito del narcotráfico, la cooperación judicial sigue vigente en otros casos de alta relevancia. El caso Ayotzinapa, que conmocionó a México y al mundo, sigue siendo una herida abierta para la sociedad mexicana y la extradición de estos dos individuos podría ser un paso importante hacia el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia.

En este contexto de luces y sombras en la cooperación bilateral, es crucial que ambos gobiernos mantengan un diálogo abierto y transparente para fortalecer la confianza y coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado. La seguridad de ambos países depende, en gran medida, de la capacidad de trabajar juntos de manera eficaz y respetuosa. El futuro de la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de justicia en casos como el de Ayotzinapa dependen de la voluntad política de ambos países para superar las diferencias y construir una colaboración sólida y duradera. El hermetismo y la falta de información solo alimentan la especulación y la desconfianza, mientras que la transparencia y la comunicación son los pilares fundamentales para construir una verdadera alianza en la lucha contra el crimen.