La sombra de la extorsión se extiende sobre México, un monstruo silencioso que corroe el tejido social y económico del país. Las cifras, frías y contundentes, revelan una realidad alarmante: un incremento del 58% en los casos de extorsión entre 2018 y 2025, pasando de 19 a 29 denuncias diarias. Imaginen la angustia que se esconde detrás de cada uno de estos números, el miedo que paraliza a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, obligados a entregar parte de su sustento al crimen organizado. Este flagelo no discrimina, afecta a ricos y pobres, a grandes empresas y pequeños negocios, extendiendo sus tentáculos por todo el territorio nacional. No se limita a Guanajuato o Sinaloa, sino que se ha convertido en una amenaza constante en cada rincón del país, desde las bulliciosas ciudades hasta las comunidades más apartadas.

La aprobación unánime en la Cámara de Diputados para facultar al Congreso a expedir una ley general contra la extorsión representa un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Se trata de un paso crucial para combatir este delito que, a pesar de su impacto devastador, no estaba contemplado de forma expresa en la Constitución. Esta nueva ley busca unificar los tipos penales, establecer sanciones más severas, e implementar medidas de prevención e investigación, así como mecanismos de atención a víctimas y testigos. Es un intento por cerrar el vacío legal que ha permitido que la extorsión se convierta en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

La iniciativa, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, busca no solo castigar a los extorsionadores, sino también proteger a quienes han sido víctimas de este delito. Se reconoce la necesidad de brindar apoyo y acompañamiento a quienes han sufrido las consecuencias de la extorsión, no solo en el ámbito legal, sino también psicológico y emocional. La lucha contra la extorsión no se limita a la persecución del delito, sino que también implica la reconstrucción del tejido social, la creación de un ambiente de confianza y seguridad que permita a los ciudadanos vivir sin miedo.

La gravedad del problema se refleja en las estadísticas: 4.9 millones de delitos de extorsión en 2023, una cifra que equivale a 5,213 casos por cada 100 mil habitantes. Veracruz, Estado de México y Nuevo León concentran el 71% de los casos, lo que evidencia la necesidad de implementar estrategias focalizadas en las zonas más afectadas. La aprobación de esta ley general es un primer paso, pero es fundamental que se acompañe de acciones concretas y coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno. Se requiere una estrategia integral que involucre a la sociedad civil, al sector privado y a las instituciones de seguridad pública, para erradicar este cáncer que amenaza la estabilidad y el progreso del país.

La lucha contra la extorsión es una tarea que nos compete a todos. Debemos romper el silencio, denunciar los casos y exigir a las autoridades que actúen con firmeza. Solo así podremos construir un México más seguro y justo, donde la extorsión sea un recuerdo del pasado y no una amenaza constante en el presente.