En un entramado de relaciones empresariales que se extiende como una telaraña por el estado de Sonora, emerge la figura de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador, entrelazada con la de Fernando Farías Laguna, contralmirante prófugo de la justicia por su presunta implicación en la oscura red del huachicol fiscal. Este descubrimiento, como una piedra lanzada a un estanque, genera ondas expansivas de interrogantes y suspicacias que alcanzan las más altas esferas del poder político local.

La conexión entre ambos personajes se establece a través de Ramón Ángel Castillo Vásquez, un ganadero sonorense identificado como allegado al gobernador Alfonso Durazo Montaño. Castillo Vásquez figura como socio tanto de Durazo Chávez como del contralmirante Farías Laguna en un conjunto de empresas dedicadas al sector inmobiliario y a la construcción de astilleros, entre las que destacan Inmobiliaria Falaycava, fundada en 2024, así como Sedona Springs y Proxima Centauri Development LLC, constituidas con anterioridad. Estas compañías, registradas en Sonora, se convierten en el punto de encuentro de una trama que entremezcla negocios, política e, inquietantemente, la sombra de la ilegalidad.

La investigación periodística que ha sacado a la luz estos vínculos empresariales apunta a dos figuras clave dentro del gabinete del gobernador Durazo: Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar, y David Soto Alday, secretario del Trabajo. Ambos funcionarios aparecen como socios de Durazo Chávez en las mismas empresas que lo conectan con el contralmirante prófugo, consolidando así una red empresarial que se asemeja a un intrincado laberinto donde convergen múltiples figuras del entorno político sonorense.

El origen de esta relación empresarial se remonta a diciembre de 2018, cuando Durazo Chávez, Rojo de la Vega y Soto Alday participaron conjuntamente en la presentación de cuatro nuevas compañías. Con el transcurso del tiempo, dos de los fundadores, Rojo de la Vega y Soto Alday, se incorporaron al gabinete estatal, mientras que el hijo del gobernador, Durazo Chávez, permaneció como parte integral de la estructura societaria de estas empresas. Esta cronología de los hechos plantea la crucial pregunta de cómo actores del círculo político más cercano al mandatario estatal se insertaron en sociedades privadas con empresarios que, posteriormente, serían asociados al contralmirante Farías Laguna, hoy prófugo de la justicia.

La implicación de Farías Laguna en una extensa red de huachicol fiscal que operaba a nivel nacional añade una capa de gravedad a este panorama. Su nombre, vinculado a las mismas compañías en las que participan Durazo Chávez y Castillo Vásquez, despierta serias sospechas sobre la posible penetración de intereses ilícitos en los negocios donde confluyen personajes políticos de alto nivel. La coincidencia de estas figuras en un mismo contexto empresarial no puede ser ignorada y exige una profunda investigación que esclarezca la naturaleza de sus vínculos y determine si existen indicios de actividades ilegales.

Los documentos mercantiles, mudos testigos de estas asociaciones, revelan una estructura de alianzas que parece trascender la mera relación de negocios. La complejidad de la trama, las figuras involucradas y la sombra del huachicol fiscal que se cierne sobre ella, hacen imperativo un análisis exhaustivo de la situación. La sociedad sonorense, y el país en su conjunto, merecen conocer la verdad que se esconde tras este entramado de poder, negocios y presuntas ilegalidades. ¿Se trata de una simple coincidencia o de algo más turbio? La respuesta a esta pregunta es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político y empresarial de Sonora.