La cruzada contra las bebidas azucaradas se ha convertido en una constante en el discurso gubernamental. Una vez más, el espectro de un nuevo impuesto se cierne sobre la industria refresquera, reviviendo el debate sobre la efectividad de estas medidas. Recordemos las palabras del secretario de Salud, David Kershenobich, en aquella Mañanera del 19 de agosto, donde alertaba sobre el daño acumulativo del consumo de estas bebidas, especialmente en la infancia. Un discurso que, si bien busca proteger la salud pública, parece repetirse sin presentar datos concretos sobre los resultados de los impuestos previos. ¿Dónde están las cifras que demuestren una disminución en la prevalencia de la diabetes y la obesidad atribuible a estos gravámenes?

La narrativa oficial señala a la industria refresquera como la principal culpable de estos males, estableciendo una relación causa-efecto que simplifica un problema complejo y multifactorial. Si bien es innegable el impacto del consumo excesivo de azúcar en la salud, ¿es justo cargar toda la responsabilidad sobre un solo sector? ¿Qué hay de la falta de educación nutricional, la escasa accesibilidad a alimentos saludables y la influencia de otros factores ambientales y genéticos?

El rumor de un aumento desproporcionado del IEPS, de $1.6 a $7 pesos por litro, generó una ola de incertidumbre en el sector. Si bien fuentes cercanas al proceso legislativo sugieren que el incremento podría ser del 100%, alcanzando los $3.2 pesos por litro, la decisión final recae en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carol Altamirano. Este posible incremento, que supera con creces la tasa de inflación actual, despierta interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar la nueva tasa impositiva. ¿Se basa en un análisis riguroso del impacto económico y social de la medida, o responde a presiones políticas y a la influencia de grupos con una agenda preestablecida, como Fundar y El Poder del Consumidor, que han manifestado abiertamente su oposición a la industria?

Mientras la incertidumbre persiste, la industria refresquera se enfrenta a un nuevo desafío. La expectativa se centra en la actuación de Altamirano, cuya reputación de diputado con capacidades técnicas y conocimiento de temas hacendarios ofrece un atisbo de esperanza. ¿Privilegiará el rigor técnico y el análisis objetivo, o sucumbirá a las presiones políticas? La respuesta la tendremos en las próximas semanas.

En contraste con este panorama de incertidumbre, la empresa Atún Dolores, de Alfonso Vázquez, celebra su centenario con la adopción del sello "Hecho en México". Un símbolo de orgullo nacional que refuerza su compromiso con el país y destaca su trayectoria como un pilar de la industria alimentaria, con un portafolio de más de 100 productos y una participación de mercado superior al 40%. Una historia de éxito que demuestra la capacidad de la industria mexicana para innovar, crecer y contribuir al desarrollo económico del país. Una historia que, sin duda, merece ser contada.