La tragedia de Tlahuelilpan, un recordatorio imborrable del costo humano del huachicol, sigue resonando en la memoria colectiva. Ciento treinta y siete vidas apagadas por la desesperación y la avaricia, un sacrificio innecesario en el altar de un negocio criminal que ha permeado las estructuras del poder durante años. ¿Cómo es posible que, ante semejante horror, la respuesta de las autoridades se limite a pactos políticos y silencios cómplices? La búsqueda de justicia para las víctimas se ha transformado en una quimera, una promesa vacía que se desvanece en el aire mientras los responsables disfrutan de embajadas en países de primer mundo.

El huachicol, un cáncer que se extiende desde las entrañas de Pemex hasta las gasolineras que parecen negocios legítimos, se ha sofisticado con el tiempo. Ya no se limita a la imagen del delincuente perforando ductos en la oscuridad de la noche. Ahora, se viste de traje y corbata, se mueve en las altas esferas del poder, tejiendo una red de complicidades que involucra a aduanas, instituciones reguladoras y empresarios sin escrúpulos. El huachicol fiscal, una perversión del sistema que permite evadir impuestos y lavar dinero, es la prueba irrefutable de que la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes.

La militarización de aduanas y puertos, lejos de ser la solución, se ha convertido en un factor que agrava el problema. La reciente detención de mandos de la Marina, ligados al secretario de la dependencia, pone al descubierto la penetración del crimen organizado en las fuerzas armadas. No se trata de casos aislados, sino de una muestra de la fragilidad del sistema y de la facilidad con la que se corrompen las instituciones encargadas de protegernos. Mientras tanto, el flujo de combustibles robados y precursores químicos para la producción de fentanilo continúa, alimentando la violencia y la destrucción que azotan al país.

A pesar de los miles de millones de pesos que se inyectan a Pemex año tras año, la empresa sigue desangrándose. Cada litro de combustible robado representa una pérdida para el erario público, una inyección de recursos para el crimen organizado y una afrenta a la soberanía nacional. ¿De qué sirve rescatar a Pemex con una mano, si con la otra se permite el saqueo sistemático de sus recursos? La respuesta, lamentablemente, es evidente: se trata de una estrategia fallida, un círculo vicioso que perpetúa la dependencia y la corrupción.

La llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México representa un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Su compromiso con el combate al huachicol fiscal, demostrado con decomisos y detenciones, marca un contraste con la inacción y la complicidad que caracterizaron a sus predecesores. Harfuch no está en el cargo para encubrir, sino para enfrentar el problema de raíz, con la firmeza y la determinación que exige la situación.

El huachicol es la metáfora perfecta de un país que se sabotea a sí mismo. Un país que subsidia con una mano y se deja robar con la otra. Un país donde la corrupción se ha normalizado y la impunidad se ha convertido en la regla. Es hora de romper este círculo vicioso, de exigir justicia para las víctimas y de poner fin al saqueo de nuestros recursos. El petróleo es de todos los mexicanos, y su robo es una traición a la patria.